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Las renuncias a la evaluación para ascender en las Fuerzas Armadas casi se triplican en 2025

El Observatorio de la Vida Militar vincula el aumento con las dificultades para cambiar de residencia y reclama un plan integral de apoyo a los traslados.

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Publicado: · Contenido generado con IA

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El Regimiento de Infantería Garellano 45 durante unas maniobras.
El Regimiento de Infantería Garellano 45 durante unas maniobras. Ejército de Tierra. Fotografía de archivo; no documenta el hecho actual. Fecha de toma no facilitada por la fuente.

El Observatorio de la Vida Militar (OVM) contabiliza 1.215 renuncias explícitas a la evaluación para el ascenso en 2025, frente a las 455 registradas en 2024. Su último informe relaciona este incremento con la decisión de militares de evitar la movilidad geográfica asociada a la progresión profesional.

El documento advierte de que las renuncias al ascenso y a cursos de perfeccionamiento, también entre oficiales, condicionan directamente la estructura de mandos de las unidades. El diagnóstico se apoya en las reuniones con personal militar mantenidas durante las visitas a ocho acuartelamientos en 2026: cuatro del Ejército de Tierra, dos de la Armada y dos del Ejército del Aire.

Durante el pasado ejercicio se contabilizaron 21.471 cambios de destino entre el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Espacio, los Cuerpos Comunes y la Unidad Militar de Emergencias. De ellos, 5.570 tuvieron carácter estrictamente forzoso.

El Observatorio señala que el encarecimiento de la vivienda se combina con la escasez de viviendas familiares de Defensa y de alojamientos logísticos. Considera insuficientes las ayudas del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), que alcanzan de algún modo al 20,6% de la plantilla.

Para las familias afectadas, el traslado puede implicar afrontar un nuevo alquiler y perder los ingresos del cónyuge si debe dejar su empleo. El informe señala que cada vez más militares optan por mudarse solos para preservar el trabajo de su pareja y evitar perjuicios en la escolarización de los hijos.

Las ayudas económicas tienen una duración limitada a tres años. Según el estudio, ese límite dificulta afrontar con garantías estancias más prolongadas en el mercado libre del alquiler.

El OVM, órgano colegiado adscrito a las Cortes Generales, ha entregado su informe en el Congreso. En él solicita un plan integral de apoyo a la movilidad que atienda tanto la pérdida del empleo del cónyuge como las dificultades de escolarización de los hijos, especialmente en regiones con lenguas cooficiales.

Fuente: Libertad Digital · leer el original

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