TVE necesita independencia, no alternancia de lealtades

La independencia de TVE exige romper la relación de obediencia política, no cambiar a sus beneficiarios. Esa es la prueba incómoda. Criticar el sectarismo resulta facilísimo cuando el sesgo favorece al adversario. Lo difícil es renunciar a administrarlo cuando llega el turno propio. Sin esa renuncia, la regeneración queda reducida a una mudanza.

Después de entrevistar a Santiago Abascal, David Broncano bromeó con haber decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián. También explicó que La Revuelta había construido una conexión con sus espectadores y que, en aquella entrevista, no había sabido corresponderla ni estar a la altura del público y de TVE. Son manifestaciones del presentador sobre su actuación, no una declaración institucional de la cadena. Pero permiten discutir qué obligaciones debe reconocer quien trabaja en una televisión pública.

Un programa puede tener personalidad. También una audiencia reconocible. Ninguna de ambas cosas autoriza a confundir la calidad de una entrevista con el alivio ideológico que produce entre sus seguidores. Si el invitado sale mejor parado de lo esperado, eso no acredita por sí solo un fallo profesional. El entrevistador debe responder por sus preguntas, no por haber frustrado un desenlace deseado.

Tampoco procede exigir presentadores sin ideas. La neutralidad no es anestesia. Una televisión donde nadie pudiera incomodar a un político sería impecablemente inútil. La exigencia liberal es otra: que el criterio profesional pueda sostenerse aunque disguste al Gobierno, al invitado o a los espectadores más fieles. La audiencia no adquiere un derecho de veto por aplaudir habitualmente.

Esa misma regla debe proteger al programa frente a una hipotética represalia del poder. Reclamar independencia mientras se sueña con retirar de pantalla al presentador incómodo es pedir privilegios con vocabulario institucional. El dinero público no debe comprar adhesiones; tampoco financiar venganzas. Una crítica a Broncano no entrega a sus adversarios un título de propiedad sobre TVE.

La alternativa no consiste en repartir obediencias entre partidos, sino en negarles ese derecho a todos. Un servicio público creíble necesita margen para equivocarse y criterios para corregirse, no instrucciones sobre a quién debe decepcionar. Cambiar al beneficiario no elimina el privilegio.

Fuente: elmundo.es · leer el original