Ser estratégica no da a Plus Ultra un derecho al dinero público

La condición de empresa estratégica debe ser una conclusión demostrable, no un salvoconducto para recibir dinero público. Esa es la cuestión que plantea el rescate de Plus Ultra. El Gobierno puede defender una intervención excepcional. Lo que no puede es convertir su propia etiqueta en toda la defensa. El adjetivo no paga la factura.

En 2021, el Gobierno concedió a Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros. El Ejecutivo defendió el carácter estratégico de la aerolínea y la entonces portavoz, María Jesús Montero, destacó también su condición española y su relevancia. Aquella ayuda situó en el debate la justificación de destinar recursos públicos a sostener una compañía concreta.

Una empresa puede ser importante para sus trabajadores, sus clientes y sus propietarios sin que su continuidad deba financiarla el contribuyente. Son planos distintos. Confundirlos convierte cualquier dificultad empresarial en una candidatura al auxilio estatal. Si basta con tener empleos y actividad, la excepcionalidad desaparece: todas las empresas reúnen esas condiciones.

Tampoco la nacionalidad resuelve el argumento. Ser española describe a una compañía; no acredita por sí solo el beneficio público de rescatarla. Para justificar la intervención habría que explicar qué servicio indispensable se preserva, por qué no puede prestarlo otro operador y qué coste tendría no actuar. La bandera no sustituye al balance.

Hay además una exigencia de igualdad. Cuando el Estado sostiene a una empresa, interviene también en las condiciones bajo las que compiten las demás. No hace falta atribuir una intención oscura para reconocer ese problema. Basta con tomarse en serio el mercado: asumir riesgos propios no debería convertirse en una desventaja frente a quien obtiene respaldo público.

Todo ello permite exigir una justificación rigurosa sin dar por probada ninguna irregularidad. Una mala decisión económica y una conducta ilícita no son lo mismo. La crítica liberal pierde fuerza cuando sustituye el examen de las razones por una sospecha presentada como sentencia.

El criterio debe servir para Plus Ultra y para cualquier otra beneficiaria, gobierne quien gobierne. Antes de comprometer recursos ajenos, el poder debe acreditar una utilidad pública que no se confunda con la supervivencia del receptor. El dinero público no es capital de cortesía.

Fuente: abc.es · leer el original