El derecho al voto no debe perderse por un silogismo familiar

El derecho al voto exige decisiones fundadas sobre sus titulares, no exclusiones automáticas por parentesco. Esa garantía debe valer también cuando los afectados resultan antipáticos a quienes impugnan el censo. El Estado debe justificar cada restricción. La genealogía no basta.

Juan Manuel de Prada sostiene que el Tribunal Supremo ha suspendido el voto de personas nacionalizadas al amparo de una instrucción vinculada a la Ley de Memoria Democrática, por no acreditar su condición de nietos de exiliados. Relata también que el tribunal rechazó extender la exclusión a sus hijos, nacionalizados por descendencia, atendiendo al desarrollo de las votaciones y a que esa pretensión no figuraba en la petición inicial. El columnista interpreta la diferencia como una contradicción jurídica y acusa a los responsables administrativos de propiciar un fraude electoral.

El salto decisivo está entre suspender el ejercicio del voto y dar por inexistente el título de nacionalidad. No son afirmaciones intercambiables. Presentar la primera como demostración suficiente de la segunda permite construir un razonamiento impecable sobre una premisa que todavía necesita justificación. Un silogismo no dicta sentencia.

También importa qué se pidió al tribunal. Los límites procesales no son adornos reservados para los litigios cómodos: contienen el poder de los jueces. Exigirles que respeten las pretensiones de las partes y reprocharles después que no alcancen el resultado políticamente deseado conduce a una justicia de encargo. Aunque el encargo invoque la coherencia.

La comodidad administrativa tampoco puede convertirse en salvoconducto. Evitar dificultades en un escrutinio no debería bastar para mantener una situación contraria a derecho. Pero combatir ese peligro exige precisar la infracción, el remedio y sus destinatarios. No sustituir esa tarea por una descalificación colectiva de quienes recibieron una nacionalidad.

Una posición liberal debe exigir controles a la Administración sin conceder poderes ilimitados para corregirla. Si hubo concesiones indebidas, corresponde discutir su legalidad; si se pretende restringir derechos, corresponde fundamentar esa restricción. Son exigencias complementarias, no obstáculos oportunistas. La arbitrariedad no se cura extendiéndola.

Fuente: abc.es · leer el original