Sánchez debe responder por sus decisiones, no por sus conocidos

La responsabilidad de Sánchez debe medirse por sus decisiones, no por su agenda de conocidos. Ese criterio protege al presidente de las acusaciones por asociación y al ciudadano de una defensa demasiado cómoda: reducir cualquier controversia a si recuerda una cara. Ni la fotografía condena ni el olvido absuelve. Lo relevante es el poder ejercido.

Sánchez ha negado conocer a Cristian Corvillo, identificado como conductor del coche de su campaña de primarias. En mensajes atribuidos a Corvillo y dirigidos a Víctor de Aldama, el conductor asegura que Óscar López le había llamado para una reunión privada con el presidente en Córdoba. Después afirma haber hablado con Sánchez sobre José Luis Ábalos y haber interpretado que el presidente se consideraba engañado. Son afirmaciones del remitente, no una acreditación independiente de que el encuentro y la conversación ocurrieran como los describe.

La distinción importa. Un mensaje puede aportar una pista sin demostrar todo su contenido. Quien cuenta una conversación también puede exagerar su acceso, interpretar mal una respuesta o atribuirse una influencia inexistente. Dar por probado el relato completo porque resulta políticamente verosímil sería sustituir la prueba por la preferencia. Mala justicia. Y peor precedente.

Pero el rigor no funciona únicamente como escudo del gobernante. Si aparecen indicios sobre una interlocución relacionada con asuntos políticos, negar familiaridad no responde a lo sustancial: qué contacto hubo, con qué objeto y qué intervención tuvo cada responsable. No hace falta intimidad para ejercer influencia. Tampoco basta insinuarla para demostrarla.

El ciudadano no necesita un inventario sentimental de la Moncloa. Necesita poder distinguir entre relaciones privadas y actuaciones vinculadas al cargo. La transparencia útil se ocupa de estas últimas. No exige exhibir cada amistad; exige que la gestión pública pueda examinarse sin depender de la memoria selectiva de quien manda.

Ese mismo estándar obliga a la oposición y a quienes fiscalizan al Gobierno. Amontonar nombres no construye una prueba, aunque produzca un titular. Y exigir pruebas no significa conceder inmunidad política. El poder debe ser verificable. La culpabilidad, demostrada.

Ni condena por una foto ni absolución por amnesia.

Fuente: elmundo.es · leer el original