Apoyar una huelga no da al Gobierno la propiedad de la protesta

El Gobierno no adquiere la propiedad de una protesta por aplaudirla. Esa es la frontera que importa: los trabajadores pueden coincidir con un partido sin entregarle la representación de su malestar. La libertad sindical incluye elegir aliados, pero también conservar la capacidad de incomodarlos. El aplauso no compra inmunidad.

Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral el 5 de octubre por la mañana y CCOO y UGT anunciaron la huelga general esa misma tarde. El Ejecutivo respaldó las reivindicaciones sobre vivienda y salarios y llamó a movilizarse. Pero esa afinidad no agotó el sentido de la protesta: el Sindicato de Inquilinas señaló a los gobiernos de todos los colores, en las concentraciones hubo reproches al Ejecutivo y los sindicatos reclamaron investigar las cargas policiales y anunciaron acciones judiciales.

La coincidencia del calendario merece escrutinio, no una sentencia automática de obediencia. Confundir proximidad política con subordinación supone negar a los trabajadores la autonomía que se dice defender. Un sindicato no pierde su libertad porque sus demandas gusten a un ministro. La pierde si deja de sostenerlas cuando al ministro le resultan molestas.

El examen empieza precisamente ahí. Vivienda y salarios no dejan de ser problemas porque el Gobierno se declare solidario con quienes los padecen. Compartir una preocupación no equivale a responder por las decisiones propias. Gobernar no es adherirse. La solidaridad oficial puede ser sincera y, aun así, no resolver nada.

Para los sindicatos, el riesgo consiste en aceptar que una reivindicación cambie de destinatario según convenga electoralmente. Su función no es administrar el descontento para que beneficie al aliado correcto. Es representar a sus afiliados, también cuando esa representación estropea una campaña. La lealtad tiene destinatarios concretos.

Tampoco la oposición puede reclamar que toda protesta contra las condiciones de vida se convierta necesariamente en una adhesión a su alternativa. La calle no es una papeleta colectiva. Quien reclama mejores salarios no está obligado a suscribir un programa entero ni a escoger entre bloques antes de hacerse escuchar.

La independencia sindical se demuestra manteniendo las exigencias, no evitando cualquier coincidencia. Y la responsabilidad del Gobierno se mide por sus decisiones, no por su entusiasmo ante una manifestación. Aplaudir desde el poder no exime de responder.

Fuente: elmundo.es · leer el original