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Opinión

RTVE debe igualar la exigencia de responsabilidades, no rebajarla para Puente

Comparar la rendición de cuentas entre partidos es legítimo. Presentar esa diferencia como una injusticia para quien dimite confunde el control del poder con la defensa de su titular.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Primer plano lateral de una mesa de edición audiovisual en una redacción vacía, con monitores que muestran una escaleta informativa genérica y una línea de montaje de vídeo, teclado y notas de trabajo, iluminación natural y aspecto realista, sin logotipos, personas ni imágenes de sucesos reales.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

La televisión pública debe utilizar las comparaciones entre responsables políticos para elevar el nivel de exigencia, no para convertir una dimisión en un agravio. Ese es el problema del enfoque de Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1 al abordar la salida de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda: la desigualdad que denuncia no resuelve qué responsabilidades correspondían al ministro.

La presentadora explicó que había recibido mensajes de personas que consideraban injusta la situación y expresó que la marcha de Puente era injusta para él. También preguntó a Ada Colau por las diferencias entre partidos a la hora de rendir cuentas, dando por asumida la responsabilidad política del ya exministro con su dimisión.

Hay dos cuestiones distintas. Una es si otros dirigentes han respondido suficientemente por su gestión. Otra, si la salida de Puente satisface las explicaciones que exige la suya. La respuesta a la primera no permite dar por cerrada la segunda. Si unos responsables eluden el escrutinio, lo razonable es reclamarles más, no presentar como perjudicado a quien deja el cargo.

Tampoco dimitir equivale a admitir cualquier acusación. La responsabilidad política y la determinación de las causas de un accidente pertenecen a planos diferentes. Una entrevista rigurosa puede reconocer la relevancia de una renuncia sin tratarla como una absolución ni como una confesión sobre hechos que deben esclarecerse.

Los mensajes de malestar que recibe una presentadora pueden servir para formular preguntas, pero no deberían fijar su premisa. Preguntar si existe un trato desigual abre una discusión; incorporar de antemano que el desenlace es injusto para el ministro orienta esa discusión hacia su reparación personal.

En una televisión financiada con los impuestos de todos, el interés del ciudadano debe ordenar ese examen. Importan la gestión del servicio, las explicaciones del responsable y las razones de su salida, no cuánto consuelo merece el dirigente que abandona el puesto.

La igualdad ante el escrutinio público no exige idénticos desenlaces para situaciones distintas. Exige preguntas igualmente incisivas y criterios reconocibles. Si existe una diferencia injustificada al rendir cuentas, RTVE debe contribuir a corregirla reclamando responsabilidades a quienes las evitan, no rebajando el examen de quienes ya han dimitido.

Fuente: Libertad Digital · leer el original

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