Proteger los chips no exige cerrar el comercio con China

La defensa de la tecnología estratégica debe limitar operaciones concretas, no conceder al poder una excusa para intervenir todo el comercio con China. Esa es la distinción liberal que importa en el caso Nvidia. Ni barra libre ni cerrojazo. Una licencia debe servir para controlar un destino, no para decorar un expediente.

Servidores equipados con procesadores de Nvidia se vendieron a una empresa de Singapur y terminaron en un centro de datos de Shanghai, pese a que Washington exigía una licencia para exportarlos a China. Una filial de la compañía fundada por Alice Huang los había ofrecido como garantía. Sigue sin aclararse quién organizó el desvío. El destino importa también por el marco político: Pekín aspira a liderar la inteligencia artificial y exige que los modelos ofrecidos al público respeten los valores oficiales y excluyan contenidos que dañen la imagen del Estado.

El problema acreditado es un recorrido comercial que ha sorteado el control del destino. La respuesta razonable debe concentrarse ahí: comprobar al usuario final y coordinar la vigilancia con los países de tránsito. La frontera no termina en la factura. Si el control solo reconoce al comprador inmediato, un intermediario puede convertir la prohibición en un trámite.

Pero la incertidumbre sobre quién organizó la operación impide repartir culpabilidades por asociación. Investigar no es condenar. Y comerciar con una empresa china no demuestra colaboración con los servicios de inteligencia de Pekín. La seguridad jurídica resulta especialmente necesaria cuando la seguridad nacional invita a suspender las cautelas.

También conviene separar dos discusiones. Que una tecnología pueda fortalecer sistemas de censura justifica examinar sus usos estratégicos; no demuestra que cualquier intercambio con China sea inadmisible. Un veto general ahorraría al regulador el trabajo de distinguir, trasladando el coste a quienes cumplen. Sería una comodidad administrativa disfrazada de firmeza.

La apertura comercial no promete ausencia de riesgos. Exige reglas delimitadas, controles eficaces y sanciones para las infracciones acreditadas. Defenderla supone perseguir el desvío sin tratar al mercado entero como sospechoso. La licencia debe controlar el destino del chip, no convertirse en licencia para controlarlo todo.

Fuente: elmundo.es · leer el original