Los miembros de mesa del 29-N cobrarán una dieta de 75 euros, sin servicio de comida garantizado
La compensación está exenta de impuestos y corresponde a quienes ejerzan la presidencia y las dos vocalías. Cada integrante debe organizar su alimentación durante la votación y el escrutinio.
Quienes ejerzan como miembros titulares de las mesas electorales el próximo 29 de noviembre percibirán una dieta fija de 75 euros. La compensación, regulada mediante orden ministerial, no incluye un menú oficial, vales de comida ni un servicio de catering garantizado por la Administración.
La palabra dieta designa en este caso una indemnización económica, no una prestación de alimentos. Su finalidad es cubrir los gastos derivados de la presencia de los integrantes de la mesa durante el día de votación y el posterior recuento.
El importe se abona íntegramente a cada uno de los tres titulares: el presidente y los dos vocales. La cuantía ha aumentado respecto a elecciones anteriores, cuando se situaba en 70 euros, y está exenta de impuestos.
Para el ciudadano designado, esto supone disponer de una cantidad fija que debe administrar para atender sus necesidades durante la jornada. De esa suma pueden salir los gastos de comida, cena, transporte o cafés a lo largo de una presencia que supera las 12 horas.
Al no existir un servicio centralizado de comidas de la Junta Electoral Central, los miembros suelen organizar breves turnos para salir a comer o comprar alimentos en establecimientos cercanos. Estas ausencias se concentran habitualmente en las horas de menor afluencia de votantes.
Esa organización debe respetar la continuidad de la votación y el número mínimo de personas exigido legalmente en la mesa. Llevar comida preparada o aperitivos al colegio electoral es otra de las prácticas habituales para atender las necesidades del día.
En algunos municipios pequeños o sedes electorales concretas, los ayuntamientos o representantes de la Administración ofrecen por iniciativa propia agua, café o aperitivos. Son atenciones de cortesía y no una obligación regulada por la Junta Electoral.
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