Las ayudas sociales deben evaluarse por sus reglas, no por sus anuncios

La política social debe juzgarse por la protección que garantiza con reglas claras y sostenibles, no por el calendario de anuncios del Gobierno. Reservar los martes para presentar medidas dirigidas a distintos colectivos puede ordenar la comunicación de Moncloa, pero no constituye por sí mismo un criterio para distribuir recursos públicos.

Entre las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez figuran ampliar la incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género. También se han planteado prestaciones para padres a cargo de hijos con cáncer o enfermedades graves. Son situaciones concretas cuya atención merece un examen propio, al margen del rendimiento político que pueda obtener quien las anuncia.

Ese examen exige distinguir entre justificar una ayuda y justificar su diseño. Reconocer una necesidad no resuelve automáticamente qué requisitos deben exigirse, durante cuánto tiempo debe prestarse apoyo o cómo coordinarlo con otras prestaciones. La calidad de una medida depende también de que sus destinatarios puedan entenderla y acceder a ella sin incertidumbre.

El anuncio incluye asimismo pensiones de 2.442 euros en casos de viudedad derivada de actos de terrorismo y contempla extender pensiones de viudedad a parejas de hecho. La concreción de una cuantía o la incorporación de nuevos beneficiarios debe acompañarse de una explicación de los criterios empleados. Tratar situaciones distintas de manera diferente requiere razones comprensibles y verificables.

Para el ciudadano hay dos intereses legítimos que deben conciliarse: recibir protección cuando cumple las condiciones y conocer los compromisos que asumen las cuentas públicas. La transparencia sobre financiación y requisitos no es un obstáculo a la solidaridad; permite exigir que las promesas puedan cumplirse.

Tampoco sería razonable descalificar estas ayudas únicamente porque resulten útiles para la imagen del presidente. El beneficio político de una decisión no demuestra su inutilidad social, del mismo modo que una finalidad loable no acredita una buena ejecución.

La alternativa a gobernar mediante anuncios no consiste en renunciar a las prestaciones, sino en someterlas a reglas, financiación explicable y evaluación. Una política social sólida debe poder defenderse incluso cuando desaparece del titular.

Fuente: abc.es · leer el original