La cautela con los datos no exime a Puente de rendir cuentas

La responsabilidad de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda debe medirse por sus explicaciones y decisiones, no por un tropiezo al pronunciar el nombre del municipio. Confundirlo dos veces con Urta en su comparecencia merece una corrección; convertir ese error en el criterio principal para juzgar al ministro de Transportes rebaja una exigencia mucho más importante: la rendición de cuentas.

Puente compareció varias horas después del accidente y advirtió de que parte de los datos que estaba ofreciendo debía tratarse con cautela. Sobre el número de víctimas, señaló que recibían la información de otros. Esa advertencia no demuestra por sí sola falta de fiabilidad. Ante un accidente mortal, reconocer la provisionalidad de un balance es preferible a revestirlo de una certeza inexistente.

Ahora bien, recibir información no agota la función de un ministro. La distinción relevante está entre lo que puede confirmar y aquello sobre lo que debe responder como responsable político. La incertidumbre sobre unas cifras no elimina la obligación de explicar su actuación. Tampoco permite dar por acreditada una responsabilidad en las causas del accidente: son cuestiones distintas que no deben confundirse.

En el arranque de la comparecencia, Puente relató cuándo tuvo conocimiento de lo ocurrido y su desplazamiento al centro de control. Esa cronología puede ayudar a examinar la respuesta institucional, pero la presencia física no constituye por sí misma un balance de gestión. Explicar dónde estaba el responsable aporta información; explicar qué hizo permite evaluarlo.

Preguntado por una posible dimisión, el ministro respondió que no era el momento de hablar de él. La urgencia de atender un accidente puede ordenar las prioridades de una comparecencia, pero no vuelve improcedente el escrutinio. Preguntar por la continuidad de un cargo no equivale a demostrar que deba abandonarlo.

La exigencia razonable no consiste en reclamar una dimisión por una consonante ni en reprochar cualquier reserva sobre datos provisionales. Consiste en no aceptar que esas reservas alcancen también a las explicaciones sobre la gestión. Prudencia informativa y responsabilidad política deben reforzarse, no utilizarse una contra otra.

Fuente: abc.es · leer el original