Exigir responsabilidades no requiere dictar condenas de asesinato

La responsabilidad política por la seguridad ferroviaria debe exigirse sin convertir una acusación de asesinato en sustituto de las pruebas. No es una concesión al Gobierno: es la condición para que la rendición de cuentas tenga contenido y no dependa de la hostilidad que despierte el gobernante.

Federico Jiménez Losantos atribuye a Pedro Sánchez y a Óscar Puente responsabilidad por las muertes de Adamuz y Urda. Su columna les imputa una culpabilidad moral y reclama que esta tenga traducción judicial. Ese salto constituye el problema central de su argumento: una valoración política, por contundente que sea, no establece por sí misma una responsabilidad penal.

El control democrático y la justicia cumplen funciones diferentes. Un responsable público debe responder por sus decisiones y por la gestión de los servicios a su cargo. Para exigirle explicaciones no hace falta esperar a una condena. Pero tampoco cabe presentar el reproche político como una sentencia anticipada: la culpabilidad penal exige acreditar conductas y responsabilidades individuales.

La distinción beneficia al ciudadano, no al ministro. Permite preguntar qué decisiones se adoptaron, qué obligaciones correspondían a cada cargo y qué actuaciones merecen censura. Son preguntas que necesitan respuestas verificables. La descalificación máxima puede expresar indignación, pero no resuelve ninguna de ellas.

Losantos recurre además a las movilizaciones contra el PP tras el 11-M para plantear cómo podrían actuar ahora los simpatizantes de PP y Vox ante las sedes socialistas. Sin embargo, el comportamiento que se reprocha al adversario no puede convertirse en el criterio propio. La legitimidad de una protesta depende de sus medios y sus demandas, no de una deuda partidista pendiente.

Una oposición exigente no necesita escoger entre la pasividad y la condena anticipada. Puede reclamar explicaciones, señalar responsabilidades políticas y defender que los tribunales actúen con independencia. Esa separación impide tanto que el Gobierno use la ausencia de condena como absolución política como que sus críticos suplanten al juez.

Fuente: Libertad Digital · leer el original