La libertad necesita un poder limitado, no la promesa de que no habrá poder

La defensa liberal de la libertad exige limitar el poder, no dar por resuelto el problema anunciando su desaparición. El anarcocapitalismo plantea una impugnación necesaria de la obediencia automática al Estado. Pero una sociedad de propietarios y acuerdos voluntarios necesita explicar quién garantiza que esos acuerdos sigan siendo voluntarios cuando aparece un conflicto. Ahí empieza la prueba.

Miguel Anxo Bastos defiende en su nuevo libro, Anarquía capitalista, que una sociedad sin Estado es posible y deseable; cuestiona la democracia a gran escala y propone fragmentación política y descentralización. Juan Ramón Rallo introduce una cautela: la supresión completa del Estado pertenece más al terreno teórico que al práctico. El experimento de Próspera, en Honduras, ilustra esa tensión: su actividad se ha desarrollado dentro de un marco jurídico estatal, el de las ZEDE, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema del país en 2024.

La objeción al poder de las mayorías merece tomarse en serio. Ganar una votación no debería entregar un cheque en blanco sobre la propiedad, la educación o las decisiones personales de los demás. Las urnas no lo legitiman todo. Precisamente por eso importan los derechos individuales: para establecer aquello que el vencedor tampoco puede hacer.

Pero de esa limitación no se deduce la superioridad de cualquier arreglo privado. Contratar no elimina el conflicto. Una aseguradora, una asociación o una agencia de seguridad pueden ofrecer servicios; queda por justificar cómo se resolvería una disputa entre ellas sin que la fuerza acabara decidiendo qué contrato vale. Cambiar al titular del poder no demuestra que el poder haya desaparecido.

Próspera tampoco permite despachar el debate con una celebración del fracaso. La iniciativa privada no queda refutada porque dependa de reglas jurídicas. Lo que queda cuestionado es presentarla como demostración de que esas reglas pueden prescindir de una garantía pública. El mercado no necesita favores. Necesita reglas previsibles.

La descentralización que propone Bastos ofrece un terreno más fértil: discutir qué decisiones deben alejarse del centro y cuáles deben quedar directamente en manos del individuo. No obliga a elegir entre un Estado que lo organiza todo y la confianza en que ningún poder privado impondrá nada.

El liberalismo no debe obediencia sentimental al Estado. Tampoco a su ausencia. Su examen consiste en comprobar quién puede coaccionar al individuo y qué límites efectivos encuentra. Abolir un nombre no equivale a abolir el poder.

Fuente: elmundo.es · leer el original