La jornada laboral debe negociarse, no financiarse con promesas electorales

La reducción de jornada debe ampliar la capacidad de trabajadores y empresas para pactar, no sustituirla por una promesa electoral cuyo coste se envía a Hacienda. El tiempo también importa. Precisamente por eso merece algo mejor que convertirse en mercancía de campaña.

María Jesús Pérez describe una estrategia del entorno de Sánchez que contempla reservar una reducción de la jornada sin merma salarial como anuncio electoral, acompañado de una subida de impuestos a las rentas altas para sufragar sus costes. La decisión dependería del presidente. No se trata, por tanto, de una medida aprobada, sino de una posibilidad que sus asesores considerarían atractiva para los trabajadores del sector privado.

El problema no es querer trabajar menos. Es confundir el objetivo con el instrumento. Una empresa puede reducir horarios mediante una mejor organización, inversiones o un acuerdo que redistribuya el trabajo. Otra puede necesitar cubrir las mismas horas de atención o producción. Imponerles idéntica solución no elimina esa diferencia. La factura permanece.

La negociación permite discutir esas circunstancias y repartir las ganancias cuando las hay. También permite que los trabajadores expresen sus preferencias entre salario, descanso y flexibilidad. Un mandato uniforme estrecha ese espacio. La libertad contractual no exige renunciar a la protección laboral: exige no tratar todos los empleos como si fueran intercambiables.

La promesa fiscal añade otra confusión. Recaudar más no produce automáticamente las horas de trabajo que dejan de prestarse. Si el Estado compensara a las empresas, trasladaría el coste al contribuyente; si la compensación resultara insuficiente, el ajuste seguiría pendiente. Cambia el pagador. No desaparece el coste.

Tampoco basta con invocar la equiparación con el empleo público. La igualdad no consiste en copiar un horario entre actividades distintas sin examinar cómo se organiza el servicio. Una mejora defendible debe poder sostenerse fuera del cartel electoral y sin convertir cada nómina privada en una obligación presupuestaria.

Un Gobierno puede facilitar acuerdos y evitar obstáculos a la productividad. Lo que no debería hacer es ofrecer como regalo propio el tiempo que otros tendrán que organizar y financiar. Menos jornada puede ser progreso. Menos libertad para pactarla, no.

Fuente: abc.es · leer el original