Las prestaciones no son propiedad del partido que gobierna

La primera reforma liberal de la protección social consiste en negar que pertenezca al Gobierno. Ni una pensión es un regalo del gobernante ni recibir una ayuda constituye una declaración de lealtad. Confundir ambas cosas concede al poder algo extraordinario: convertir recursos públicos en gratitud privada. El dinero no es del partido.

Javier Benegas plantea que la resistencia electoral del PSOE puede explicarse, entre otros factores, por el miedo a perder prestaciones y por unas preferencias ciudadanas que combinan menores impuestos con mayores garantías estatales. Su análisis extiende esa contradicción a los votantes de centro y de derechas: querer otro Gobierno no implica aceptar otra política. Es una hipótesis sobre el comportamiento electoral, no una razón para considerar cautivo a todo beneficiario.

Ahí está la distinción decisiva. Defender una prestación y exigir responsabilidades al Ejecutivo son posiciones perfectamente compatibles. La rendición de cuentas pierde sentido si antes hay que elegir entre conservar una ayuda o castigar una mala gestión. El gobernante sale ganando con ese falso dilema. Su examen se convierte en una amenaza.

Una oposición liberal tampoco debería aceptarlo al revés: presentar cualquier resistencia a una reforma como prueba de dependencia o incoherencia. Cobrar no obliga a obedecer. Pero discrepar tampoco obliga a renunciar. La autonomía del ciudadano incluye juzgar una propuesta por sus efectos sobre su vida, sin tener que acreditar primero una pureza doctrinal.

Eso no elimina los límites económicos. Los hace discutibles en términos verificables: qué se mantiene, qué cambia, quién lo paga y qué obligaciones comporta. Una promesa de menores impuestos y mejores servicios necesita explicar su mecanismo. Invocar la buena gestión no basta. La eficiencia no es una caja fuerte inagotable.

La diferencia liberal no debería consistir en ofrecer el mismo catálogo con un administrador supuestamente más virtuoso. Debe estar en someter las prestaciones a reglas y las promesas a costes, sin repartir certificados de bondad entre quienes gastan y sospechas entre quienes preguntan.

Desmontar la apropiación partidista del bienestar exige separar dos cosas que al poder le conviene confundir: la continuidad de una prestación y la continuidad de quien gobierna. Los derechos no llevan papeleta adjunta.

Fuente: Libertad Digital · leer el original