Dimitir no da derecho a cerrar el caso

Una dimisión no puede funcionar como un finiquito de la responsabilidad pública. El ministro deja el cargo; los ciudadanos conservan el derecho a saber qué ocurrió. Esa es la diferencia entre controlar al poder y aceptar que el poder decida cuándo hemos recibido suficientes explicaciones. El puesto no es suyo. Las explicaciones tampoco.

Óscar Puente anunció su dimisión después de haberla descartado tras los accidentes de Adamuz y Urda. Antes había señalado a un operador del centro de control de Adif sin esperar al resultado de la investigación. Comunicó su decisión a Pedro Sánchez por WhatsApp un minuto antes de hacerla pública, y el presidente intentó disuadirlo. Después, Sánchez defendió que su ministro había afrontado la situación, aportado soluciones y finalmente abandonado el cargo.

Nada de eso permite establecer por qué falló el sistema ferroviario. Tampoco convierte automáticamente la dimisión en una impostura. Marcharse puede ser una decisión correcta y resultar insuficiente. Ambas cosas caben a la vez. La responsabilidad política no exige esperar a una sentencia, pero asumirla no sustituye la investigación de los hechos.

El problema aparece cuando el balance del Gobierno pretende servir también como conclusión para los demás. Afirmar que un ministro dio soluciones es una valoración política, no una certificación independiente. Corresponde contrastarla, no aplaudirla por cortesía ante quien se marcha. La despedida no es una auditoría.

Hay, además, una asimetría que merece vigilancia: el superior dispone de una tribuna para explicar su salida; el trabajador señalado debe defender su actuación frente al peso de esa tribuna. Investigar un posible error individual es necesario. Darlo por establecido antes de completar la investigación es otra cosa. La jerarquía administrativa no otorga preferencia sobre la verdad.

Una concepción liberal de las instituciones exige precisamente separar esos planos. El Gobierno responde por su gestión; la investigación determina causas y responsabilidades; los ciudadanos juzgan políticamente con información contrastada. Ninguno de esos controles pertenece al ministro ni al presidente. Tampoco debería depender de la emoción que provoque su conversación privada.

Puente puede dejar el despacho. El Gobierno no puede dar por saldada con ello su obligación de responder. Dimitir entrega el cargo, no clausura las preguntas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original