Blindar las pensiones en la Constitución no debe blindar el programa de un partido

La Constitución debe limitar al poder, no conservar en formol sus promesas electorales. Llevar a ella una fórmula concreta de revalorización de las pensiones supone intentar que una decisión de política económica sobreviva como obligación superior a las mayorías que vengan después. Eso merece discusión. La buena intención no basta.

Pedro Sánchez ha vuelto a prometer en Bilbao una reforma constitucional para blindar las pensiones y su actualización conforme al IPC. La propuesta busca dar rango constitucional a esa protección de los ingresos de los pensionistas. No se trata, por tanto, únicamente de defender una subida: se plantea cambiar el nivel normativo en el que debe decidirse.

Proteger el poder adquisitivo es un objetivo legítimo. Quien organiza su vida alrededor de una pensión necesita previsibilidad, no sobresaltos electorales. Pero de esa necesidad no se desprende que cada instrumento para satisfacerla deba incorporarse a la Constitución. Un derecho y una fórmula de actualización no son lo mismo. Confundirlos permite presentar cualquier discrepancia sobre el mecanismo como una agresión contra sus beneficiarios.

Hay además una cuestión de libertad política. Los ciudadanos que voten en el futuro también deben poder elegir entre alternativas económicas, dentro de las garantías comunes. Cuanto más detallado sea el programa económico constitucionalizado, menos podrán decidir mediante sus representantes. Las constituciones necesitan estabilidad; los presupuestos, capacidad de adaptación. No son documentos intercambiables.

El blindaje tampoco resuelve por sí solo la relación entre prestaciones y recursos. Una obligación constitucional puede condicionar las decisiones presupuestarias, pero no sustituye la discusión sobre cómo repartir su coste. Esa discusión afecta tanto a quien cobra una pensión como a quien contribuye a financiarla. Ninguno merece quedar reducido a figurante de una promesa solemne.

La prueba de coherencia sirve para cualquier partido: ¿aceptaría que su adversario constitucionalizara sus propias preferencias fiscales para dificultar que una mayoría posterior las cambiase? La seguridad jurídica protege reglas compartidas, no ventajas electorales perpetuas. La Constitución es de todos. El programa de Sánchez, no.

Fuente: Libertad Digital · leer el original