La fuerza policial necesita controles, no permiso ideológico

La policía debe poder proteger las libertades sin pedir permiso ideológico, pero su autoridad tampoco puede convertirse en una exención de controles. Ambas exigencias van juntas. Separarlas permite elegir entre dos malos negocios: ciudadanos abandonados ante la violencia o ciudadanos indefensos ante el poder. Ninguno es liberal.

Ignacio Camacho denuncia el acoso de piquetes y los ataques incendiarios contra negocios durante las protestas en Francia y España. Reprocha también a Marlaska una investigación sobre la actuación policial y presenta el cuestionamiento de las cargas como una desprotección de los agentes. Su argumento vincula esa respuesta política con el abandono de comerciantes, trabajadores y autónomos.

El comerciante no tiene que financiar una protesta mediante daños en su escaparate ni demostrar simpatía por sus convocantes para merecer protección. Su libertad también cuenta. El derecho de huelga no incorpora el derecho a imponerla. Cuando aparece la coacción, intervenir no supone tomar partido contra una causa: supone impedir que esa causa se arrogue autoridad sobre quienes no la comparten.

Pero investigar una intervención policial no equivale, por sí mismo, a desautorizarla. El uniforme no vuelve innecesarias las preguntas. Precisamente porque los agentes pueden emplear la fuerza, deben existir criterios para examinar su uso. Defender ese examen no convierte al ciudadano en cómplice de los violentos, como defender una carga justificada no lo convierte en enemigo de la protesta.

La distinción decisiva está entre controlar y paralizar. Un Gobierno no debería utilizar una investigación para descargar sobre los agentes el coste político de sus propias decisiones. Tampoco debería blindar cualquier actuación para ahorrarse ese coste. La responsabilidad no puede viajar siempre hacia abajo mientras la autoridad se reserva arriba.

El monopolio estatal de la fuerza no es un privilegio del gobernante: es una responsabilidad frente a cada ciudadano, incluido quien protesta pacíficamente y quien decide abrir su negocio. Su legitimidad exige capacidad y límites. La porra no necesita aplausos. Necesita ley.

Fuente: abc.es · leer el original