La Fiscalía se querella contra el líder de Vox en Mallorca por presunta malversación en el uso de coches oficiales

La Fiscalía de Baleares ha interpuesto una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y líder insular de Vox, por el presunto uso privado de vehículos públicos del departamento de Medio Ambiente, del que es responsable. El Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, según fuentes del procedimiento judicial que lo han confirmado a EFE.

La querella se ha presentado para su asignación a un juzgado de instrucción de Palma. La actuación de la Fiscalía llega después de estudiar la denuncia que el grupo socialista del Consell registró el 2 de julio por la utilización de vehículos de la institución para fines presuntamente ajenos a la actividad pública.

El caso afecta al destino de recursos públicos: los coches pertenecen al Consell y están asignados al departamento de Medio Ambiente. La cuestión que la Fiscalía considera necesario investigar es si Bestard los empleó para desplazamientos privados y actos de Vox, partido que gobierna la institución en coalición con el PP.

Bestard negó el uso particular de los vehículos en su comparecencia del 7 de mayo ante la Comisión de Transparencia del Consell. Sostuvo que todos los desplazamientos estaban vinculados a su actividad institucional y justificó que, en ocasiones, dejara los coches en su domicilio por razones de practicidad.

El Consell encargó dos informes internos para revisar el caso. La oposición consideró insuficientes las explicaciones del vicepresidente y cuestionó la falta de rotulación de los vehículos, su presencia en el domicilio de Bestard y los trayectos que no figuraban en la agenda pública.

Uno de esos informes, conocido el 17 de junio, calificó de inapropiado que Bestard tuviera a su disposición exclusiva tres coches del Consell sin identificar. También señaló que el propio conseller había ordenado retirar la identificación de los vehículos o no colocarla.

Ese mismo análisis no apreció irregularidades jurídicas ni atribuyó relevancia destacable a las incidencias examinadas. Su criterio fue que la ausencia de una regulación expresa sobre el uso y la rotulación impedía considerar automáticamente indebidas esas prácticas.

Tras conocerse las conclusiones del informe, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, del PP, manifestó que no compartía la conducta de Bestard. No obstante, se remitió al criterio técnico de los funcionarios y descartó actuar al margen de esos informes.

Fuente: elmundo.es · leer el original