La dimisión de Puente debe abrir el examen de su gestión, no cerrarlo

La dimisión de Óscar Puente debe ser el principio del examen de su gestión, no el trámite que permita darlo por terminado. Abandonar un ministerio constituye una consecuencia política relevante, pero no explica por sí solo qué decisiones se adoptaron, cuáles fueron equivocadas y qué responsabilidad corresponde a cada nivel del Ejecutivo.

Puente anunció su salida el miércoles ante la Diputación Permanente, después de cuatro horas de explicaciones y una semana después del siniestro de Urda. Afirmó que había decidido dimitir desde que conoció el accidente, aunque durante esos días había sostenido que contaba con el respaldo de Pedro Sánchez. Esa secuencia merece una explicación política: cuándo se decide una salida y cómo se comunica también forma parte de la rendición de cuentas.

El presidente había considerado inasumible que se produjeran dos accidentes ferroviarios en menos de diez meses. Esa valoración obliga a algo más que aceptar el relevo del responsable de Transportes. Si el diagnóstico del propio Sánchez era de semejante gravedad, le corresponde explicar qué alcance tenía su apoyo al ministro y qué balance hace ahora de su gestión.

Nada de ello permite convertir la renuncia en una prueba sobre las causas del siniestro. La responsabilidad política y la determinación de los hechos no son intercambiables. Un ministro puede responder por su gestión sin que su marcha resuelva las cuestiones técnicas del accidente; tampoco sería razonable utilizar esas cuestiones como excusa para aplazar indefinidamente el control parlamentario.

Para los viajeros, el cambio de nombre al frente del ministerio no equivale por sí mismo a una respuesta sobre la seguridad del servicio. El examen útil debe centrarse en decisiones y responsabilidades concretas, no en presentar la dimisión como reparación suficiente ni como confesión de una culpa todavía por determinar.

Tampoco la responsabilidad de Sánchez puede deducirse automáticamente de la salida de Puente. Debe examinarse por sus propias decisiones, incluido el respaldo que prestó al ministro. La exigencia democrática consiste en individualizar responsabilidades: ni trasladarlas todas al dimisionario ni atribuirlas por simple proximidad al presidente.

Fuente: abc.es · leer el original