La bandera de Sánchez no necesita permiso ni concede inmunidad
La rojigualda no pertenece a un partido. Que un presidente la agite tampoco convierte sus decisiones en constitucionales: eso se acredita respetando los límites del poder, no exhibiendo sus símbolos.
Sánchez tiene derecho a agitar la bandera española sin pedir permiso a sus adversarios, pero no a convertirla en un certificado de buena conducta institucional. Ambas cosas importan. La primera impide privatizar un símbolo común. La segunda evita que ese símbolo funcione como una cortina ante el ejercicio del poder. No hay propietarios de la patria. Tampoco hay inmunidad de abanderado.
Este domingo, en un acto de campaña, el presidente ha ondeado la rojigualda. La escena permite discutir el uso electoral de los símbolos nacionales. No permite, por sí sola, demostrar una conversión constitucional, una impostura ni una intención oculta. Un gesto de campaña es precisamente eso: una imagen elegida para presentarse ante los votantes.
El error de una parte de la crítica consiste en tratar la bandera como un recinto al que ciertos políticos entran sin autorización. Esa lógica concede a quien la utiliza habitualmente una especie de derecho de admisión. Es una mala defensa de España: reduce lo compartido a una propiedad de facción y transforma al discrepante en un invitado sospechoso.
El error inverso sería aceptar que envolverse en la enseña resuelve cualquier discusión sobre los contrapesos. La bandera no absuelve. La separación de poderes no se mide por la longitud del mástil ni por el entusiasmo del brazo. Se examina en decisiones concretas, con argumentos verificables y sin sustituir el escrutinio por una fotografía.
A la oposición le conviene esa exigencia tanto como al ciudadano. Si concentra su reproche en que Sánchez emplee un símbolo nacional, desplaza la discusión hacia las apariencias. El gobernante puede responder con otra imagen. Mucho más incómodo resulta discutir el contenido de una decisión y los límites que debe respetar quien la adopta.
Una mirada liberal no necesita custodios de las esencias, sino reglas que obliguen también a quienes ganan elecciones. Puede aceptar con naturalidad la rojigualda en cualquier mitin y mantener intacta su vigilancia sobre el poder. La bandera es de todos. Los límites también.
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