El Estado de derecho no puede ser la tercera prioridad del voto liberal

El Estado de derecho no puede ocupar el tercer puesto en una guía electoral liberal. Es el requisito que permite discutir los demás. Sin límites al poder, una rebaja fiscal queda a disposición de quien gobierna; sin seguridad jurídica, la libertad económica depende del permiso del despacho. Primero, las reglas.

En su propuesta para las elecciones del 29N, Santiago Navajas ordena las prioridades del elector liberal: capacidad de gobernar sin independentistas ni extrema izquierda, reducción de impuestos, gasto y regulación y, finalmente, respeto al Estado de derecho y menor polarización institucional. Con esa jerarquía recomienda al PP como mal menor frente al PSOE y a Vox, y aconseja atender a las posibilidades de disputar el último escaño en cada provincia.

El problema no es aceptar una candidatura imperfecta. La papeleta no es un sacramento. El problema es situar los controles institucionales después de las ventajas que promete el aspirante. Gobernar sin determinados socios puede ser una preferencia razonable; no constituye, por sí mismo, una garantía de buen gobierno. Una mayoría cómoda también necesita frenos.

Tampoco basta con separar un supuesto paquete económico atractivo de otro cultural incómodo. Los derechos individuales no son accesorios. La libertad para emprender y la libertad para vivir sin imposiciones políticas responden al mismo principio: el ciudadano no pertenece al Gobierno. Defender una y negociar alegremente la otra deja el liberalismo reducido a una oferta tributaria.

El cálculo del escaño tiene una función más modesta. Sirve para escoger el instrumento, no para definir el destino. Saber qué candidatura puede convertir un voto en representación ayuda a actuar con eficacia, pero no demuestra qué uso hará después de ese poder. La aritmética electoral no expide certificados liberales.

Votar al PP puede ser una decisión estratégica coherente. Lo que no puede ser es una dispensa anticipada de vigilancia. La moderación debe juzgarse por los límites que un partido acepta para sí mismo, no solo por la comparación con sus competidores. El voto útil sigue siendo un voto condicionado.

El mal menor es una elección. No una absolución.

Fuente: Libertad Digital · leer el original