Fiscalizar a Sánchez exige pruebas, no profecías

Fiscalizar a Pedro Sánchez exige pruebas, no profecías sobre una maniobra todavía invisible. El control del poder es una obligación liberal precisamente porque obliga a distinguir entre lo que un gobernante hace y lo que sus adversarios imaginan que podría hacer. Sospechar no es demostrar.

En vísperas de las elecciones del 29 de noviembre, Jesús Cacho ha pronosticado que Sánchez prepara un desenlace que dejará una huella duradera. Eduardo Inda ha ido más lejos al atribuirle la intención de provocar una conmoción social para alterar el resultado electoral. Ambos presentan como segura una futura actuación del presidente, aunque sus advertencias no identifican una operación concreta que permita contrastar esa predicción.

Ese mecanismo ofrece una comodidad extraordinaria al comentarista. Si ocurre algo inesperado, podrá anunciar que lo había advertido. Si no ocurre, siempre quedará el misterio de lo que estuvo a punto de suceder. La predicción queda a salvo de cualquier resultado. El rigor, no.

El problema no consiste en conceder al Gobierno un certificado de inocencia perpetua. Consiste en exigir que cada acusación tenga un objeto reconocible. Una decisión puede examinarse. Un documento puede contrastarse. Una responsabilidad puede delimitarse. La maldad futura, en cambio, admite cualquier descripción y ninguna comprobación.

Además, convertir toda sorpresa electoral en una posible manipulación degrada la libertad del votante. Los ciudadanos pueden cambiar de opinión ante acontecimientos nuevos sin que ese cambio sea necesariamente fruto de una operación clandestina. Su voto no pertenece por adelantado a quien encabece las expectativas. Tampoco a quien interprete mejor sus temores.

Para una oposición que aspire a limitar el poder, esta retórica es un mal negocio. Desplaza la discusión desde las decisiones atribuibles al gobernante hacia una amenaza indefinida. En vez de acotar responsabilidades, las disuelve en una atmósfera. El Gobierno acaba discutiendo fantasmas, un terreno bastante más cómodo que responder por hechos.

La exigencia probatoria no es una cortesía hacia Sánchez. Es una garantía para todos frente a cualquier poder, incluido el de quienes administran la sospecha desde una tribuna. Al Gobierno se le fiscaliza. El meteorito no sirve de prueba.

Fuente: Libertad Digital · leer el original