El Supremo obliga al SEPE a devolver 3.536 euros a una tripulante por revisar fuera de plazo su prestación

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y ha confirmado que debe devolver 3.536,08 euros a una tripulante de cabina. La decisión deja firme la sentencia que anuló la reclamación del organismo por superar el plazo de un año para revisar el reconocimiento de las prestaciones en perjuicio de la beneficiaria.

La empleada tenía un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada: permanecía de alta en la Seguridad Social todo el año, pero trabajaba 270 días, equivalentes al 74% de la jornada anual. Su compañía aérea aplicó un ERTE entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2022.

El SEPE reconoció inicialmente las prestaciones mediante una resolución del 26 de enero de 2021 que no llegó a notificarle. La controversia afectaba al desempleo correspondiente al periodo entre el 1 de enero y el 27 de octubre de ese año.

La trabajadora recibió la propuesta de revocación el 14 de junio de 2022. El organismo confirmó su decisión el 19 de julio y exigió el reintegro, al considerar que no podía cobrar durante sus periodos de inactividad. La empleada devolvió el dinero y después acudió a los tribunales para recuperarlo.

El Juzgado de lo Social número 15 de Madrid estimó su demanda y ordenó restituirle el importe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó esa resolución el 3 de julio de 2024. La Abogacía del Estado recurrió entonces ante el Supremo tanto por el plazo de revisión como por el derecho a cobrar la prestación.

El motivo relativo al plazo no fue admitido por falta de contradicción entre las resoluciones comparadas. Quedó así firme el pronunciamiento que consideraba extemporánea la revisión. El Supremo añade que las excepciones previstas para corregir errores materiales, de hecho o aritméticos no permiten eludir ese límite cuando la modificación exige operaciones jurídicas complejas y altera sustancialmente una prestación.

Para la beneficiaria, el resultado supone recuperar lo reintegrado, no el reconocimiento de un derecho general a cobrar el paro durante la inactividad. El tribunal recuerda que esos periodos en los contratos con jornada concentrada no constituyen una situación legal de desempleo y que la normativa extraordinaria de la pandemia no cambió esa doctrina.

Esa cuestión de fondo no modifica el desenlace: la reclamación se anuló por haberse dictado fuera de plazo. El fallo ratifica la obligación del SEPE de restituir a la trabajadora los 3.536,08 euros.

Fuente: Libertad Digital · leer el original