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El Supremo confirma que UGT Andalucía debe devolver más de 27 millones en ayudas de formación

Dos resoluciones ratifican el reintegro de subvenciones utilizadas para financiar mejoras salariales que, según el tribunal, debían abonarse con recursos propios del sindicato.

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Vista lateral de una mesa de trabajo con expedientes administrativos de ayudas de formación, documentación contable, una calculadora y carpetas de reintegro, en una oficina sobria con luz natural. Sin personas, logotipos ni documentos reales identificables.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El Tribunal Supremo ha confirmado en dos resoluciones la obligación de UGT Andalucía de devolver más de 27 millones de euros en subvenciones para formación. Los fallos, dictados el 5 y el 13 de octubre, ratifican la improcedencia de cargar a esas ayudas determinados gastos de personal del sindicato.

La primera resolución corresponde a una exigencia de reintegro de 18,31 millones de euros. La Sala confirmó que los gastos justificados por UGT en ese paquete de ayudas públicas no podían financiarse con los fondos concedidos.

La segunda sentencia establece una devolución de 8,79 millones de euros. En este caso, el principal reclamado asciende a unos 6,6 millones y los intereses de demora devengados, a unos 2,1 millones.

El criterio del Alto Tribunal se centra en los límites de los gastos salariales imputables a las subvenciones. El marco legal de las ayudas de formación no permite sufragar con ellas los incrementos o mejoras retributivas pactados por encima de los mínimos establecidos por ley o por el convenio colectivo aplicable.

Los magistrados distinguen esa limitación de la libertad del sindicato para fijar las condiciones de su plantilla. UGT puede acordar y pagar complementos salariales, pero debe financiarlos exclusivamente con recursos propios, no con las partidas que la Administración le entrega para ejecutar cursos de formación.

Para las arcas públicas andaluzas, los fallos suponen el derecho a recuperar las cantidades reclamadas. La obligación de reintegro afecta a fondos destinados a formación y delimita qué costes puede asumir el contribuyente: las mejoras salariales pactadas al margen de los mínimos legales o convencionales no pueden trasladarse a esas subvenciones.

Ambas resoluciones corresponden a la vía contencioso-administrativa y otorgan firmeza ejecutiva a las decisiones de reintegro. El sindicato conserva la posibilidad extraordinaria de acudir en amparo al Tribunal Constitucional si considera vulnerados sus derechos fundamentales. La presentación de ese recurso no suspende automáticamente la ejecución de la devolución.

Bosco Álvarez · Opinión

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

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