Quetta advierte de que desviará su inversión a Portugal si no cambia el decreto sobre centros de datos

Quetta Data Center trasladaría a Portugal todas sus inversiones previstas en España si el Gobierno aprueba sin cambios el real decreto sobre centros de datos. Su consejero delegado, Paco González, sitúa entre 300 y 400 millones de euros la cantidad que tendría ese destino y sostiene que las exigencias de la norma alterarían los costes de los proyectos.

El operador y Azora tenían previsto invertir conjuntamente unos 500 millones de euros en la región ibérica. González explica que cuentan con dinero comprometido por un inversor y con proyectos anunciados tanto en España como en Portugal. La empresa ya tiene presencia en el mercado portugués, que considera más competitivo.

La aprobación del decreto está prevista para el Consejo de Ministros del 17 de noviembre, aunque podría pasar al siguiente. La iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica regula requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital. El Gobierno ya ha recibido el informe del Consejo de Estado.

El impacto económico que denuncia Quetta se concentra en la actividad industrial: González prevé que la regulación encarezca la energía que pagan los industriales y eleve sus costes. Su advertencia no se refiere a una subida del recibo del consumidor final. El traslado de capital sigue condicionado a que la norma se apruebe sin cambios.

Merlin Properties, por su parte, ha preparado un plan de contingencia que supondría un coste adicional de 863 millones de euros. Su consejero delegado, Ismael Clemente, explicó en un encuentro con analistas que la compañía busca proteger sus activos y dar certidumbre al mercado ante la nueva regulación.

Ese plan incluye sistemas de almacenamiento para cumplir el requisito del 80% de energía renovable con correlación hora a hora, necesario en proyectos como Zaragoza Wind y Zaragoza MAGA. Merlin ha calculado la capacidad de baterías y de generación solar fotovoltaica que necesitaría para ajustar el suministro al perfil de consumo de sus instalaciones.

Las empresas del sector señalan que la adaptación será desigual: los operadores ya implantados dispondrían de mayor capacidad para afrontarla, mientras que los centros de entre 10 y 100 MW están revisando cómo desplazar inversiones aún no ejecutadas. El texto contempla preceptos de aplicación inmediata y otros con plazos de entre tres y seis meses.

Fuente: abc.es · leer el original