El Supremo confirma que UGT-A debe devolver 8,78 millones en ayudas para formar a desempleados

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de UGT de Andalucía y ha confirmado su obligación de devolver 8,78 millones de euros a la Administración autonómica. El dinero corresponde a subvenciones para cursos de formación de desempleados que se destinaron a gastos ajenos a la finalidad legal de las ayudas.

La resolución, recibida por el sindicato antes de la huelga general del 11 de noviembre, establece que los incrementos retributivos y los complementos salariales pactados con sus trabajadores por encima del convenio colectivo no pueden justificarse como gastos subvencionables de esos programas.

El fundamento del fallo es la interpretación del artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones. El tribunal exige que los costes de personal imputados a las ayudas respondan de manera indubitada e imprescindible a la ejecución directa de la actividad formativa. No basta, por tanto, con que sean gastos de personal de la entidad que recibe la subvención.

En el caso examinado, esa vinculación con los cursos no se cumplió. El Supremo concluye que los pluses acordados para la plantilla interna deben pagarse con recursos propios del sindicato, no con las partidas públicas destinadas a la capacitación de personas desempleadas. La resolución delimita así qué costes laborales puede financiar la organización con estas ayudas.

Para las arcas públicas andaluzas, el fallo supone el reconocimiento firme del derecho a recuperar esos 8,78 millones. Para los destinatarios de los programas, el criterio judicial preserva la finalidad de unas partidas concedidas para su formación, al excluir gastos que no cumplen la vinculación exigida con esa actividad.

La misma Sala de lo Contencioso-Administrativo había dictado otra resolución que exigía a UGT-A reintegrar 18,3 millones por irregularidades en expedientes similares. Ambos fallos son firmes y elevan por encima de los 27 millones de euros la cantidad que la organización debe reembolsar a la Junta de Andalucía.

Fuente: Libertad Digital · leer el original