La inversión no se decreta

Los promotores de centros de datos pagarían la rigidez del decreto que prepara el Gobierno de Sánchez con proyectos más caros. La amenaza de Quetta de trasladar su inversión a Portugal si se aprueba sin cambios retrata el error político: invocar la soberanía digital mientras se hace menos atractivo construirla en España. La inversión no obedece al Consejo de Ministros.

Quetta cifra en entre 300 y 400 millones de euros el capital que desviaría al país vecino. Merlin Properties ha preparado un plan de adaptación que supondría un sobrecoste de 863 millones. El proyecto de Transición Ecológica incluye un requisito del 80% de energía renovable con correspondencia hora a hora y contempla obligaciones inmediatas y otras aplicables en pocos meses. El sector advierte de que los operadores ya implantados dispondrían de mayor capacidad para adaptarse, mientras los centros de menor tamaño revisan dónde ejecutar sus inversiones pendientes.

Una exigencia puede ser técnicamente cumplible y económicamente disuasoria. El tamaño de la factura importa. La sostenibilidad energética se defiende mejor con reglas proporcionadas que con cargas capaces de expulsar proyectos viables. La mejora ambiental de cada obligación tiene que justificar su coste, no quedar al margen del cálculo. El plazo también cuesta. Reducir el margen para adaptarse puede agravar esa carga. La etiqueta verde no abarata nada.

La otra factura es la competencia. Aplicar una obligación idéntica no garantiza que la barrera sea igual para quien ya opera y para quien intenta entrar. La burocracia también protege mercados sin cerrar fronteras. Si el coste de adaptación favorece a los instalados, la regulación puede convertirse en un privilegio de permanencia. No hace falta conceder exclusivas para dificultar la entrada. Con menos rivales, disminuye la presión para mejorar precios, capacidad y servicio.

La advertencia empresarial tampoco convierte a Quetta en legislador. Ninguna compañía merece una norma a medida. Pero rechazar sus cálculos no retiene su dinero. El Gobierno puede discutirlos; no puede borrar las alternativas del inversor. La inversión se disputa, no se asigna. La autoridad para aprobar un decreto termina donde empieza la libertad de decidir si compensa invertir bajo sus condiciones. España necesita resultar competitiva, no sentirse obedecida.

La soberanía digital se sostiene en la capacidad de desarrollar actividad aquí, no en el número de requisitos aprobados. Si las inversiones encuentran mejores condiciones fuera, España puede ganar severidad regulatoria y perder autonomía tecnológica. Sánchez responde por ese riesgo: endurecer las condiciones para construir aquí puede aumentar la dependencia de instalaciones desarrolladas fuera. El capital puede marcharse. La soberanía de papel no lo sustituye.