El relevo en Transportes debe medirse por la recuperación del servicio
La salida de Óscar Puente y el cambio en la presidencia de Adif no bastan para evaluar la respuesta del Gobierno a la crisis ferroviaria. El criterio debe ser qué cambia para el viajero y cómo se comprueba la seguridad de la red.
El nuevo equipo de Transportes debe someter su gestión a objetivos comprobables de seguridad y recuperación del servicio. La dimisión de Óscar Puente y el cese del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ordenado por Carlos Cuerpo, modifican la dirección política y operativa. No acreditan, por sí mismos, una mejora del ferrocarril.
La continuidad de las cancelaciones permite distinguir ambos planos. Ouigo ha extendido hasta al menos el 15 de noviembre la suspensión de sus viajes entre Madrid y Andalucía. Para quien necesita desplazarse, el cambio de ministro no resuelve esa interrupción. La evaluación del relevo debe atender a la prestación del servicio, no a la capacidad del Gobierno para recuperar la iniciativa durante la campaña electoral.
También existe una cuestión técnica concreta sobre la que exigir explicaciones. El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, atribuye la preocupante situación del tráfico de alta velocidad en España a la falta de implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, ERTMS. Este debía sustituir al LZB en el corredor Madrid-Sevilla, donde se produjeron los accidentes de Adamuz y Urda.
Esa valoración no equivale a establecer la causa de los siniestros. Sí justifica reclamar al nuevo ministro un calendario de implantación, responsables identificados y criterios públicos para comprobar los avances. La rendición de cuentas resulta más útil cuando permite contrastar compromisos con resultados que cuando se limita a sustituir nombres.
La denuncia de Alferro contra Puente ante la Fiscalía pertenece a otro plano: presentar una denuncia no acredita responsabilidad penal. Conviene mantener esa distinción sin utilizarla para eludir las explicaciones políticas. La gestión puede y debe examinarse sin anticipar conclusiones judiciales.
Con una huelga ferroviaria prevista para el 17 de noviembre, la nueva dirección afronta además un conflicto laboral pendiente. Su prueba no será ofrecer una imagen de normalidad electoral, sino demostrar mejoras verificables. El relevo tendrá valor para los ciudadanos si cambia el funcionamiento del servicio y hace más transparente su supervisión.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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