El permiso climático cubre hasta cuatro días sin perder sueldo si no se puede acudir al trabajo

El permiso retribuido por riesgo climático extremo ampara una ausencia justificada de hasta cuatro días cuando se constata la imposibilidad de acudir al centro de trabajo. Esa ausencia no puede suponer una reducción del salario ni obligar al empleado a recuperar después las horas no trabajadas.

La protección está vinculada a las condiciones de seguridad y a la posibilidad de desplazarse. Ante avisos naranjas o rojos, la empresa debe evaluar los riesgos y adoptar medidas si el trayecto o la permanencia en el puesto comprometen la integridad física de su plantilla.

Para el trabajador, esto supone conservar la remuneración durante el permiso y poder interrumpir la actividad o negarse a acudir cuando el desplazamiento implique un riesgo grave e inminente, sin sanciones ni represalias por esa decisión. Los artículos 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores sustentan esta protección.

La alternativa a la asistencia presencial no tiene que ser necesariamente la suspensión del trabajo. Si las funciones pueden realizarse a distancia y las condiciones de conectividad lo permiten, empresa y empleado deben priorizar el teletrabajo.

Los avisos meteorológicos y las instrucciones de emergencia proceden de organismos distintos. La Agencia Estatal de Meteorología emite los pronósticos y avisos, mientras que las autoridades de gestión de emergencias activan las alertas directas a la población a través del sistema ES-Alert.

La obligación empresarial de proteger la seguridad y la salud de los empleados comprende también los peligros ambientales. Las medidas pueden abarcar desde el trabajo a distancia hasta la paralización de la actividad cuando no resulte seguro mantenerla.

El incumplimiento del deber de protección frente a un riesgo grave e inminente está tipificado como infracción laboral muy grave. Las multas pueden oscilar entre 49.181 y 983.736 euros.

Si un empleado sufre un accidente en el trayecto o en las instalaciones después de haber sido obligado a acudir bajo aviso rojo, la empresa puede afrontar además un recargo de hasta el 50% en las prestaciones de la Seguridad Social por falta de medidas de seguridad.

Fuente: abc.es · leer el original