Sánchez blinda el fracaso

Sánchez no estabiliza el ferrocarril al blindar a Puente: estabiliza su puesto. Tras el choque de Urda, con un balance provisional de 69 fallecidos, esa continuidad no acredita una gestión solvente. Deja el cargo mejor protegido que la confianza en el servicio. La responsabilidad pública queda invertida: primero, a salvo el ministro; después, el esclarecimiento del fracaso. Gobernar es responder ante el ciudadano, no administrar la permanencia de los propios.

Puente sitúa dentro de la normalidad las 170 caídas del sistema LZB registradas este año en la línea Madrid-Sevilla. Iryo plantea limitar a 40 kilómetros por hora la circulación tras esos fallos; los maquinistas reclaman comprobaciones más estrictas antes de reanudarla. Ese contraste no determina la causa del choque, pero deja en evidencia la complacencia ministerial. ¿Qué tranquilidad ofrece llamar normal a aquello cuyas precauciones se discuten? Normalizar un fallo no equivale a controlarlo.

Que la investigación mantenga abiertas todas las hipótesis no suspende el juicio político. La culpa penal se prueba; la responsabilidad política se asume. Una crítica al ministro no es una condena anticipada, ni el respaldo presidencial vale como absolución. No hace falta inventar un delito para censurar una respuesta política. La falta de responsabilidad penal acreditada tampoco convierte la permanencia en el cargo en un mérito.

Un Estado limitado no es un Estado con coartada para fallar en lo esencial. Su autoridad y el dinero del contribuyente encuentran justificación en las garantías que ofrece, no en el poder que acumula. La seguridad de una infraestructura compartida pertenece a ese núcleo, no al escaparate ministerial. Una cartera no premia la resistencia a las críticas: compromete ante quienes utilizan el servicio.

Escuchar a quienes conducen y operan los trenes no rebaja la autoridad del Estado: la enfrenta a la realidad. Un reglamento no se vuelve intocable por seguir vigente. La buena regulación protege al viajero y permite competir; convertir su revisión en una disputa sobre el prestigio del ministro empequeñece la discusión. Ni el despacho ni el partido son dueños de la seguridad.

Sánchez ha hecho suyo el juicio sobre la gestión de Puente. Ya no puede esconder la respuesta política detrás del ministro ni presentar su respaldo como una reparación para el país. La confianza se gana ante el ciudadano; no se transmite desde el despacho del jefe. La lealtad no es un sistema de seguridad.