La confianza en Puente no sustituye al control de la seguridad ferroviaria

La continuidad de Óscar Puente debe someterse a una evaluación pública de su gestión, no resolverse con una declaración de confianza de Pedro Sánchez. Tras el accidente mortal de Urda, mantener al ministro de Transportes no responde por sí mismo a la pregunta fundamental: qué garantías ofrece el Gobierno para identificar los fallos y corregirlos.

En su comparecencia del viernes, Puente reconoció que el sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla había sufrido 170 caídas durante el último año. Ese dato exige explicaciones sobre su naturaleza, las respuestas adoptadas y el conocimiento que tenían los responsables. No permite establecer por sí solo la causa del siniestro, pero sí justifica examinar cómo se gestionaron esas incidencias.

La distinción importa. Una investigación técnica debe esclarecer la secuencia del accidente y las responsabilidades que correspondan. La rendición de cuentas política debe explicar, además, qué información recibieron los gestores y qué decisiones tomaron. Esperar conclusiones técnicas no puede convertirse en una excusa para aplazar cualquier explicación sobre la gestión anterior.

Puente volvió a señalar al operario del centro de control y difundió detalles de su situación sociolaboral. Atribuir responsabilidades individuales exige pruebas; analizar la actuación de los superiores y los mecanismos de supervisión también. Centrar el debate en un trabajador antes de esclarecer el conjunto de decisiones corre el riesgo de estrechar indebidamente el examen público.

El criterio expresado por el ministro para contemplar su renuncia —que considerase que perjudica al partido— introduce una prioridad equivocada. La permanencia de un responsable público debe valorarse por el servicio que presta y la confianza fundada que merece su actuación. El interés electoral del PSOE no constituye una medida de la seguridad del ferrocarril.

Operadores y maquinistas reclaman modificar el reglamento de circulación para reducir la velocidad. Esa petición merece una respuesta técnica motivada, no quedar absorbida por la disputa sobre nombres. Para el viajero, la cuestión es disponer de un servicio seguro y de información fiable sobre las medidas que lo garantizan.

Una dimisión no repara automáticamente un sistema, pero la continuidad tampoco acredita competencia. Sánchez debe justificar su respaldo con exigencias comprobables de transparencia y corrección. La confianza política solo resulta defendible cuando acepta controles; sin ellos, es una decisión de poder, no una garantía para los ciudadanos.

Fuente: elmundo.es · leer el original