La responsabilidad política no puede quedar a la espera de una sentencia

La responsabilidad política de Óscar Puente debe examinarse sin esperar a una sentencia, pero también sin sustituirla. La investigación del juzgado de Orgaz sobre las posibles responsabilidades penales de la tragedia ferroviaria exige separar dos preguntas: si se cometió algún delito y cómo ha ejercido sus obligaciones quien dirige el Ministerio de Transportes. Confundirlas perjudica tanto a la justicia como al control del poder.

Puente publicó aquella mañana un mensaje sobre la pretendida superioridad moral de la izquierda. Esa apelación no responde a ninguna de las cuestiones que plantea una catástrofe ferroviaria. La adscripción ideológica de un ministro no acredita la calidad de su gestión, del mismo modo que tampoco demuestra su culpabilidad. En un servicio público, las explicaciones deben referirse a decisiones y hechos comprobables.

El ministro también ha presentado el proceso que afronta como una experiencia de sufrimiento personal. Puede serlo, pero ese no debe ser el centro de su respuesta pública. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a que la atención institucional se concentre en esclarecer lo ocurrido, no en la suerte política del responsable del departamento.

Exigir esa prioridad no autoriza a atribuirle las muertes. Una investigación sobre posibles responsabilidades penales no equivale a una resolución condenatoria. La presunción de inocencia protege también a quienes ejercen el poder y a quienes mantienen posiciones políticas que uno rechaza.

Pero esa garantía tampoco debe convertirse en un refugio frente al escrutinio político. Valorar la actuación de un ministro requiere examinar su gestión y sus explicaciones; no exige demostrar previamente un delito. La continuidad en el cargo y la responsabilidad penal pertenecen a planos distintos.

Por eso, reducir el debate a la dimisión resulta insuficiente. Una salida del Gobierno no esclarecería por sí sola las causas del siniestro, y permanecer en él no debería aplazar las respuestas. La exigencia democrática es doble: justicia sin condenas anticipadas y rendición de cuentas sin inmunidad ideológica.

Fuente: elmundo.es · leer el original