Madrid: un ático, ningún servicio

El Gobierno de la Comunidad de Madrid confunde conservar patrimonio con justificar una compra: defiende un ático que nunca utilizó por la posibilidad de recuperar la inversión. Es gasto sin servicio. El patrimonio es un medio, no una misión. La Administración está para atender necesidades acreditadas, no para buscarles acomodo a las compras ya hechas.

El Tribunal de Cuentas investiga los 6,3 millones de euros destinados por la empresa pública Planifica Madrid a comprar el ático, tras rechazar el archivo solicitado por ambas administraciones. Su auto señala que inicialmente no constaban un encargo formal ni una memoria previa de necesidad; la justificación aportada se elaboró después de la compra. El inmueble iba a ofrecer espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. El arrendamiento con la Comunidad terminó cuando esta comunicó que había desaparecido la necesidad, sin haber utilizado el inmueble, ahora a la venta. La Comunidad y Planifica niegan el sobreprecio y sostienen que la venta permitiría recuperar la inversión. La investigación no prejuzga irregularidades ni responsabilidades contables.

La contradicción está en la necesidad. Si justificaba comprometer recursos públicos, su desaparición antes del estreno desautoriza políticamente la operación. El Gobierno regional se queda con el inmueble y sin el motivo que alegó para adquirirlo. Una memoria posterior puede enumerar usos posibles; no demuestra que hiciera falta comprar precisamente ese ático. El precio no crea la necesidad.

Incluso una venta sin pérdidas dejaría pendiente la justificación del dinero inmovilizado. No comprar también cuenta como gestión: deja recursos para otros fines o para reducir la carga fiscal. Una tasación mide valor, no necesidad pública. La defensa patrimonial omite esa comparación y rebaja el éxito a recuperar lo gastado, como si la Administración hubiera comprado para vender y no para prestar un servicio.

El Tribunal de Cuentas acierta al mantener abierto el examen. Exhibir una propiedad no responde a las carencias que señala el auto. El control externo no consiste en hacer inventario. Examina cómo y por qué se comprometieron los recursos. La defensa de la legalidad que ofrece el Gobierno regional no sustituye ese examen ni permite darlo por cerrado a petición del propio fiscalizado.

La austeridad se demuestra al elegir qué no comprar, no al buscar salida a lo comprado. Un comprador futuro podría aliviar el balance, pero no convertir retrospectivamente el ático en una buena decisión pública. El precio puede volver. El servicio nunca llegó.