El Tribunal de Cuentas ordena investigar la compra de un ático de 6,3 millones por la empresa pública Planifica Madrid

El Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una investigación sobre la adquisición por Planifica Madrid de un ático en la calle General Martínez Campos, en Chamberí, por 6,3 millones de euros. El auto considera que los denunciantes han aportado indicios suficientes para examinar si la operación pudo causar un daño real y efectivo a los fondos de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Cuentas rechaza así el archivo solicitado por la Administración regional y la empresa pública. La resolución advierte expresamente de que la apertura de la investigación no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables. La Fiscalía también había pedido continuar las actuaciones y nombrar un delegado instructor.

Uno de los puntos centrales es la justificación de la compra, formalizada el 14 de abril. Según el auto, inicialmente no constaban un encargo formal de la Comunidad ni una memoria previa que acreditase la necesidad de adquirir el inmueble. La memoria presentada después por la Administración fue elaborada el 2 de julio de 2026.

Esa justificación destinaba el ático a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. El Tribunal de Cuentas cuestiona su encaje en los estatutos de Planifica, que vinculan la adquisición y gestión de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos públicos regionales.

La Comunidad sostuvo en sus alegaciones de octubre que la compra se ajustaba a la legalidad, a las competencias y al objeto social de la empresa. Defendió también que el inmueble, de 485 metros cuadrados, incluidos 199 de terraza, respondía a necesidades institucionales y que la adquisición no suponía un deterioro económico para Planifica.

El ático no llegó a ser utilizado por la Administración. El contrato de arrendamiento entre Planifica y la Comunidad, suscrito el 28 de julio de 2026, se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que el Gobierno regional comunicase que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. Posteriormente se acordó ponerlo a la venta.

La investigación deberá esclarecer también si hubo sobreprecio. Una primera tasación de Gesvalt, del 13 de febrero de 2026, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros. Los denunciantes cuestionan el precio abonado y otros costes asociados, y sitúan el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros.

La Comunidad y Planifica niegan ese sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, fechada el 15 de octubre, por 6.320.341,26 euros. Esta valoración incorporó parte de la terraza cerrada. Ambas sostienen que el precio de salida de venta, fijado en 6.694.201 euros, permitiría recuperar la inversión.

Para las cuentas públicas madrileñas, la operación mantiene comprometidos 6,3 millones de euros en un inmueble que no ha tenido el uso institucional previsto y todavía no ha encontrado comprador. La existencia y cuantía de un eventual menoscabo deberán determinarse durante la investigación.

El auto recoge además denuncias sobre posibles irregularidades urbanísticas en el cerramiento de parte de la terraza, realizado entre 2007 y 2010. Un informe arquitectónico aportado a las actuaciones señala que las obras podrían carecer de las autorizaciones necesarias y afectar a la superficie legalmente utilizable, al valor del ático y a posibles costes de restitución urbanística.

Fuente: abc.es · leer el original