Colau quiere expropiar por tamaño

Colau propone castigar el tamaño empresarial con expropiaciones. La candidata de Frente Amplio anunció en Málaga una ley que empezaría por las entidades privadas con más de 1.000 viviendas y acabaría alcanzando a las que superen las 50. Quiere incorporarla al programa para las generales del 29 de noviembre y condiciona su impulso a obtener suficiente representación parlamentaria. Las fases no corrigen el criterio: lo extienden. Empezar por los propietarios más grandes permite presentar como limitada una intervención cuyo alcance final ya está anunciado. El umbral baja; la razón para expropiar sigue siendo cuántas viviendas tiene la empresa.

Colau acusa a fondos extranjeros de comprar inmuebles masivamente y fijar precios que considera abusivos. Pero el criterio anunciado combina la condición empresarial del propietario con el volumen de viviendas, no con el precio cobrado ni con una conducta concreta. Una cifra de viviendas no demuestra una conducta abusiva. Una compañía quedaría expuesta por superar el umbral, aunque esa cifra nada diga de cómo trata a sus inquilinos. La acusación habla de precios; la selección de afectados prescinde de ellos. Así, el reproche pierde su función: ya no identifica el abuso que justificaría intervenir, solo proporciona una coartada para elegir propietarios.

El anuncio también altera el cálculo de quien valore ampliar su inversión residencial. Crecer puede acercarle a la expropiación: al rendimiento esperado se añade el riesgo de perder el control sobre lo invertido. Si esa amenaza desalienta nuevos proyectos, el perjuicio alcanzaría a quienes buscan casa, no solo a las empresas señaladas. Colau denuncia las dificultades de los trabajadores para pagar una vivienda mientras propone penalizar la expansión de quienes invierten en ella. Mantenerse por debajo del umbral podría ser prudente para una compañía y perjudicial para quien necesita más oferta residencial. La promesa de facilitar el acceso puede encarecer la solución.

La exclusión expresa de los particulares con vivienda habitual o algún inmueble alquilado ofrece tranquilidad a unos sin justificar la amenaza sobre otros. La propiedad no gana legitimidad por ser pequeña. Una garantía protege de verdad cuando también alcanza al propietario que resulta impopular en campaña. Frente Amplio ofrece, en cambio, una promesa selectiva: unos quedan fuera; otros quedan expuestos según el tamaño de su patrimonio residencial.

Colau asegura que su iniciativa es jurídicamente viable. Esa afirmación no resuelve la objeción. Una ley puede autorizar una intervención sin convertirla en una buena política. Invocar su viabilidad no contesta por qué se selecciona a los afectados por su tamaño ni qué ocurriría si la amenaza frenase la inversión. El permiso para expropiar no acredita el acierto de hacerlo.

Contar viviendas no es probar abusos.