La falta de Presupuestos no puede ser la coartada de la gestión ferroviaria

La ausencia de Presupuestos exige explicaciones políticas, pero no concede una absolución administrativa. Óscar Puente ha reprochado que esa carencia impidiera ordenar las inversiones en Adif. Si ese es su argumento, debe servir para examinar decisiones concretas, no para trasladar en bloque la responsabilidad desde el ministerio hasta la Presidencia del Gobierno.

La distinción importa. Afirmar que faltaba un instrumento presupuestario no equivale a demostrar que toda actuación resultaba imposible. Tampoco permite concluir lo contrario: que las restricciones eran irrelevantes. Entre ambas posiciones hay una obligación bastante menos vistosa que una despedida política: explicar qué inversiones se pretendían acometer, qué obstáculos encontraron y quién debía resolverlos.

Puente ha revelado además que, según su versión, Pedro Sánchez se negó a que asumiera responsabilidades políticas. Esa discrepancia merece atención, pero no responde a la cuestión presupuestaria. Una conversación entre presidente y ministro puede aclarar cómo se negoció una salida. No explica por sí sola cómo se administró una infraestructura pública.

El Gobierno debería responder al reproche sobre las inversiones por su contenido, no tratarlo únicamente como un episodio de lealtad personal. Si la falta de Presupuestos impedía ordenar actuaciones necesarias, corresponde explicar cómo se afrontó ese impedimento. La dificultad para gobernar no suspende la obligación de rendir cuentas.

También conviene separar este examen de las causas de los accidentes ferroviarios. El señalamiento presupuestario de Puente no demuestra una relación causal entre determinadas inversiones y las tragedias. La responsabilidad política puede discutirse sin convertir una acusación sobre la gestión en una conclusión técnica. Exigir rigor no rebaja el control: evita que una afirmación excesiva termine desacreditándolo.

Para el ciudadano, la diferencia es sustancial. Necesita conocer qué se hizo con los recursos públicos y con qué prioridades, no elegir al ganador de una disputa entre antiguos compañeros de Gobierno. La dimisión cambia al responsable del despacho; no convierte los Presupuestos ausentes en una explicación suficiente. Las cuentas pendientes se saldan con decisiones explicadas, no con mensajes filtrados.

Fuente: elmundo.es · leer el original