Colau propone expropiar viviendas a empresas por fases hasta alcanzar a las que tengan más de 50

Ada Colau anunció este viernes en Málaga que Frente Amplio quiere promover una ley para expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos privados. La propuesta comenzaría por las entidades con más de 1.000 viviendas y ampliaría progresivamente su alcance hasta incluir a las empresas que posean más de 50 inmuebles residenciales.

El proceso tendría tres fases. Tras la actuación inicial sobre los mayores propietarios, el umbral bajaría a las entidades que superen las 700 viviendas. La última etapa extendería la expropiación a las que cuenten con más de 50. La coalición pretende incorporar este esquema a su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La candidata a la presidencia del Gobierno defendió que la iniciativa es jurídicamente viable y aseguró que su formación la impulsaría si logra suficiente representación parlamentaria. Su planteamiento pasa por aprobar una legislación específica para hacerse con viviendas que actualmente pertenecen a estas compañías.

Para los propietarios particulares, Frente Amplio establece una exclusión expresa: sostiene que la medida no afectaría a quienes poseen su vivienda habitual o tienen algún inmueble en alquiler. El criterio anunciado combina, por tanto, el carácter empresarial del titular con el volumen de viviendas que posee.

Colau justificó la propuesta por el papel que atribuye a los fondos de inversión en el encarecimiento de la vivienda. Acusó a fondos extranjeros de comprar inmuebles en grandes cantidades a precios inferiores a los que pueden afrontar los residentes y de fijar después precios que considera abusivos.

La candidata también acusó al PP y a Vox de favorecer a los especuladores inmobiliarios. Vinculó las dificultades de los trabajadores para pagar una vivienda y la expulsión de vecinos de sus barrios con el encarecimiento residencial y la proliferación de apartamentos turísticos.

Junto a las expropiaciones, Frente Amplio propone incorporar obligatoriamente al parque público residencial todas las fincas urbanas y los suelos destinados a vivienda pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Fuente: Libertad Digital · leer el original