La representación sindical debe justificar su coste, no confundirse con la inactividad

La representación sindical debe evaluarse por lo que cuesta y por lo que aporta. Ni su finalidad social convierte cualquier gasto en intocable ni apartarse de la tarea habitual equivale, por definición, a no trabajar. Una fiscalización liberal exige cuentas, no atajos.

Diego Barceló Larrán estima que los casi 284.000 delegados sindicales del sector privado acumulan más de 73 millones de horas anuales de representación. Aplicando un coste laboral medio de 25,8 euros por hora, calcula un importe cercano a los 1.900 millones de euros al año. Son estimaciones propias del autor, no un balance oficial del sistema.

La magnitud económica justifica examinar cómo se asigna ese tiempo. Las horas pagadas tienen un coste para las empresas aunque respondan a una obligación legal. Reconocerlo no supone atacar la libertad sindical: supone rechazar que una finalidad considerada valiosa dispense de discutir los recursos empleados.

Pero hay una diferencia decisiva entre medir un coste y demostrar un despilfarro. Barceló convierte ese volumen de horas en el equivalente a la jornada anual de 40.300 personas. Esa equivalencia expresa recursos laborales dedicados a representación; no demuestra que su utilidad sea nula. La aritmética calcula horas. No evalúa resultados.

También importa distinguir personas y dedicaciones. El autor sitúa en unos 4.200 los liberados plenos del sector privado y señala que hay decenas de miles de representantes con liberación parcial. Mezclar delegados, liberados y puestos anuales equivalentes produce una cifra aparatosa, pero dificulta discutir qué parte del sistema convendría reformar.

La exigencia razonable debería ir más allá de contar representantes. Habría que hacer comprensibles las horas disponibles, su utilización y las funciones que las justifican. Publicar cuántos liberados son plenos o parciales sería un comienzo, no una acreditación automática de eficiencia.

El criterio debe servir en ambas direcciones: cuestionar recursos que no se justifican y reconocer funciones que sí los merecen. Quien reclama tiempo retribuido debe explicar su necesidad; quien propone reducirlo debe argumentar qué sobra. Ni cheque en blanco ni tijera a ciegas. La representación sindical no necesita inmunidad frente a las cuentas, pero tampoco una condena dictada antes de examinarlas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original