Celebrar la dimisión de Puente no equivale a aprobar su gestión

La dimisión de Óscar Puente debe juzgarse por separado de su trayectoria ministerial. Reconocer valor a la decisión de abandonar el cargo no obliga a considerar acertada su gestión, del mismo modo que criticar esa gestión no exige despreciar cualquier decisión posterior. Confundir ambos planos convierte la rendición de cuentas en una disputa sobre la reputación personal del dirigente.

La jurista Mariola Urrea ha presentado a Puente en la SER como el mejor ministro de los gobiernos de Pedro Sánchez. Para sostener esa valoración ha destacado su madurez política, su relación con la organización a la que sirve y su lealtad al presidente y a sí mismo. Son argumentos sobre su conducta política, pero no bastan para establecer la excelencia de un responsable de Transportes.

La lealtad puede facilitar la cohesión de un Gobierno. No es, por sí sola, una prueba de que un ministerio funcione bien. El ciudadano que utiliza el ferrocarril necesita que el servicio y las infraestructuras respondan a sus necesidades; la calidad de la relación entre el ministro y su partido pertenece a otro balance.

Tampoco existe una contradicción automática entre haber defendido la continuidad de Puente y valorar después su renuncia. Es posible preferir una solución y reconocer méritos en otra. Lo exigible a quien cambia de criterio es que explique qué considera acertado de la nueva decisión, no que permanezca indefinidamente atado a su posición anterior.

El problema aparece cuando el elogio a la salida pretende resolver también el juicio sobre el mandato. Dimitir es una decisión política, no una demostración retrospectiva de competencia. Ni acredita por sí misma una buena gestión ni determina todas las responsabilidades del cargo.

Ese criterio debe aplicarse con independencia del partido. Una discusión pública útil puede reconocer una renuncia y mantener intactas las preguntas sobre el desempeño ministerial. Puente no necesita ser declarado ejemplar para que su salida pueda valorarse positivamente; los ciudadanos tampoco tienen que aprobar su gestión para reconocerla.

Fuente: Libertad Digital · leer el original