La UCO debe investigar al poder, no sustituirlo

La UCO debe poder investigar al poder sin convertirse en un poder al que se conceda confianza ilimitada. Esa diferencia separa el Estado de derecho de la tentación de buscar salvadores con acceso a los teléfonos móviles. La corrupción no justifica cualquier remedio. Tampoco convierte las garantías en estorbos.

Alfonso J. Ussía imagina una Ucocracia en la que los ciudadanos conocen las instituciones mediante registros, las conversaciones de WhatsApp desmontan la presunción de inocencia y los investigadores recuperan las pruebas que otros creían borradas. Es una fantasía satírica, no una descripción jurídica. Su mecanismo consiste en colocar a la investigación policial como último recurso frente a la opacidad del poder.

La sátira permite plantear una pregunta incómoda: qué queda del control público cuando confiamos en enterarnos de todo a través de una pesquisa penal. Un registro busca pruebas. La transparencia debe permitir examinar decisiones sin esperar a que exista una investigación. Si confundimos ambas funciones, acabaremos considerando normal que las instituciones solo resulten legibles cuando alguien interviene sus archivos.

También conviene resistirse al atractivo del mensaje definitivo, esa conversación que parece ahorrar todo el procedimiento. Un mensaje puede ser una prueba. No es un tribunal. Su valor debe discutirse y contrastarse, no depender de su capacidad para producir indignación. La presunción de inocencia protege precisamente cuando el acusado inspira pocas simpatías; para los simpáticos casi nunca hace falta invocarla.

La independencia policial merece defensa frente a las interferencias políticas. Pero independencia no significa infalibilidad. Reclamar controles sobre una investigación no equivale a proteger al investigado, igual que investigar a un gobernante no supone atacar la democracia. Ambas confusiones son excelentes refugios para quien quiere convertir su preferencia en una excepción.

El ideal liberal no consiste en elegir entre políticos sin vigilancia e investigadores sin límites. Consiste en impedir que alguien reúna ambas ventajas. La policía investiga; los tribunales juzgan; las instituciones deben rendir cuentas también fuera del proceso penal. Ninguna de esas tareas sobra porque otra funcione.

Que la UCO encuentre las pruebas. Que nadie le entregue las llaves del sistema.

Fuente: abc.es · leer el original