El poder no se desinfecta bajando el volumen

El lunes, en La Revuelta de TVE, Santiago Abascal encontró una ocasión para cambiar de ventanilla: del departamento de buenos modales al de límites al poder. Según Heraldo, David Broncano había apartado el tono bromista habitual para plantear una conversación política seria. Entre inmigración, corrupción y otros asuntos, el intercambio desembocó en las instituciones. Ahí el presentador preguntaba por el termómetro; el entrevistado respondió hablando de la caldera.

Broncano le había reprochado que calificara de dictador a Pedro Sánchez. «Decir que es un dictador implica caldear el ambiente de una manera muy bestia», sostuvo. Su objeción era reconocible: determinadas palabras elevan la polarización. Pero ese razonamiento deja una puerta abierta del tamaño de un ministerio: convertir la temperatura de la denuncia en un asunto más urgente que la conducta denunciada. Primero modere usted el adjetivo; luego ya veremos qué hacemos con el poder.

Abascal respondió: «Yo creo que cuando un líder político, aunque sea el líder de una democracia, asalta todas las instituciones, como el Tribunal de Cuentas, RTVE... todos los organismos de control, cuando se enfrenta a las instituciones que no le dan la razón, yo a eso le llamo aprendiz de tirano y autócrata».

La réplica duele porque no se limita a devolver una descalificación: identifica el problema liberal de fondo. Una victoria electoral permite gobernar, no convertir los contrapesos en accesorios decorativos. Abascal señaló al Tribunal de Cuentas y a RTVE dentro de su acusación. Son referencias concretas que obligan a discutir actuaciones y límites, no únicamente urbanidad televisiva. Para responder a ese argumento hace falta algo más que recomendar una infusión al invitado.

El debate relevante no consiste en repartir certificados de moderación según el volumen de voz. Consiste en exigir que las instituciones puedan contrariar al Gobierno sin que contrariarlo se confunda con una anomalía. Esa regla vale también para quien aspira a sustituirlo: ningún partido adquiere los controles del Estado al ganar las elecciones. La neutralidad institucional no es una atención comercial para la oposición; es la garantía de que el vencedor no se queda también con el árbitro.

Las urnas entregan el Gobierno, no las llaves del árbitro.