Una mayoría parlamentaria no es un cheque sobre los contratos

El poder de regular el alquiler debe tener un límite: no convertir los compromisos privados en una variable del calendario parlamentario. La seguridad jurídica protege la libertad de decidir, no solo el valor de una inversión. También importa a quien busca casa. Sin previsibilidad, elegir resulta más difícil.

El Congreso rechazó el pasado 2 de octubre uno de los decretos de vivienda del Gobierno. Cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Ejecutivo aprobó nuevos textos que recuperaban buena parte de aquellas medidas. Su convalidación corresponde ahora a la Diputación Permanente, mediante un procedimiento contemplado en el ordenamiento constitucional. Algunas disposiciones despliegan efectos hasta 2030. Mientras tanto, el Banco de España viene señalando la insuficiencia de oferta y las dificultades para incrementar la construcción como problemas estructurales.

Conviene separar dos discusiones. Una derrota parlamentaria no prohíbe al Gobierno volver a proponer una política, ni convierte en ilegítimo al órgano encargado de examinarla después. Pero tampoco permite presentar la nueva aprobación como una demostración de que las medidas funcionan. Los votos autorizan. No certifican resultados.

El problema liberal aparece cuando la facilidad para modificar una norma se confunde con la facilidad para adaptar una vida a ella. Un contrato organiza obligaciones entre personas que necesitan anticipar qué podrán exigir y qué deberán cumplir. El legislador puede cambiar ese marco. Lo que no puede hacer es borrar por votación las decisiones ya tomadas bajo el anterior.

Eso no exige congelar la legislación. Exige justificar los cambios también desde la posición de quienes soportan sus efectos. Proteger a un hogar vulnerable es un objetivo defendible; trasladar sin más esa responsabilidad a un propietario particular no constituye una política social completa. La obligación pública no desaparece porque se escriba dentro de un contrato privado.

Tampoco basta con intervenir sobre las viviendas existentes. Si el obstáculo estructural es la escasez, facilitar inversión, suelo y licencias debe formar parte de la respuesta. Alterar el reparto de obligaciones puede ayudar a unos y perjudicar a otros, pero no sustituye el aumento de la oferta. Confundir ambas cosas permite exhibir actividad sin demostrar solución.

La mayoría parlamentaria puede aprobar el decreto. No puede votar que desaparezca la incertidumbre.

Fuente: elmundo.es · leer el original