Un juez de Ceuta ordena registrar dos naves utilizadas por ONG para investigar una presunta entrega de armas a inmigrantes

Miguel Ángel Fernández, titular de la sección 3 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta, ha acordado el registro de una nave situada en la calle Argentina y otra en el Polígono de Alborán. La investigación trata de esclarecer si alguna de las organizaciones que utilizan esos espacios entregó armas a inmigrantes en situación irregular establecidos en la ciudad desde la llegada del pasado 31 de julio.

El auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, permite emplear la fuerza mínima imprescindible si resulta necesaria para acceder a las instalaciones. La autorización comprende las dependencias interiores, habitaciones, despachos, garajes, trasteros y anexos de ambos inmuebles.

El juez se apoya en las consideraciones del Ministerio Fiscal sobre las declaraciones de testigos que aseguraron haber sido trasladados a esas naves. Según la Fiscalía, sus testimonios fueron prestados de forma independiente y coinciden en aspectos esenciales, entre ellos la existencia de distintas estancias donde les habrían mostrado aerosoles de pimienta y armas blancas.

Uno de los declarantes identificó a la persona que presuntamente le entregó un cuchillo. La Fiscalía también señala que un testigo aportó un cuchillo de tamaño considerable y sostuvo que lo había recibido de la organización investigada. El material objeto de las pesquisas podría haber sido utilizado en ataques contra militares españoles, según la hipótesis investigada.

Como antecedente, la sección 6 del juzgado había admitido a trámite una querella de Hazte Oír sobre presuntas emboscadas contra militares y policías en Ceuta. La asociación acusaba a No Name Kitchen de haber entregado explosivos caseros a inmigrantes. Esa acusación forma parte de la denuncia, no de una conclusión judicial.

El Ministerio Público sostiene además que diversas personas utilizan habitualmente los inmuebles y que algunas pernoctan en ellos. Para la Fiscalía, los testimonios y el material aportado superan la mera sospecha y justifican la búsqueda de efectos o instrumentos relacionados con posibles infracciones penales.

Fuente: Libertad Digital · leer el original