Exigir cuentas a Puente no es dictar una condena penal

La responsabilidad política de Óscar Puente debe examinarse sin convertirla en una condena penal anticipada. Esa distinción no protege al ministro de Transportes frente al escrutinio: permite exigirle explicaciones sobre aquello que le corresponde dirigir, sin que toda la discusión quede reducida a demostrar o negar su culpabilidad personal en un accidente.

Los dos accidentes ferroviarios de alta velocidad sitúan la gestión de la seguridad y de las infraestructuras en el centro del debate. La pregunta política no puede limitarse a quién ejecutó una maniobra concreta. Debe alcanzar también a las decisiones del departamento, sus mecanismos de supervisión y las explicaciones que su titular ofrece a los ciudadanos. Son planos distintos y ninguno debería servir para cancelar el otro.

La difusión de los audios del centro de control ferroviario de Adif en Atocha tampoco sustituye esa rendición de cuentas. Una conversación operativa puede aportar elementos para conocer lo sucedido, pero el debate público no debería convertirla por sí sola en un veredicto sobre toda la cadena de responsabilidades. Fiscalizar una organización exige algo más que concentrar la atención en quienes aparecen en una grabación.

Puente reconoció en rueda de prensa que su cuenta oficial había mantenido su actividad habitual y publicado un mensaje sobre la supuesta superioridad moral de la izquierda. Esa comunicación partidista merece un examen separado: el ciudadano tiene derecho a valorar las prioridades comunicativas de un ministro durante una crisis, aunque un mensaje en redes no explique las causas del siniestro.

La protesta frente al Ministerio, cuyos participantes dirigieron acusaciones criminales contra Puente, muestra el riesgo de borrar esas diferencias. La indignación puede impulsar una exigencia legítima de explicaciones; no acredita por sí misma una responsabilidad penal. Tampoco convierte automáticamente cualquier petición de dimisión en una conclusión suficientemente argumentada.

El control democrático será más exigente si reclama decisiones identificables, explicaciones contrastables y consecuencias políticas razonadas. Ni señalar a un trabajador debería cerrar el examen de la gestión ministerial ni señalar al ministro debería reemplazar el esclarecimiento de los hechos. Exigir cuentas consiste precisamente en impedir ambos atajos.

Fuente: elmundo.es · leer el original