Transportes rechazó parar los trenes por seguridad 21 días antes del choque de Urda

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, rechazó el 7 de octubre suspender el tráfico ferroviario en toda España. En su resolución sostuvo que la red presentaba niveles aceptables de riesgo. La decisión se produjo 21 días antes de la colisión entre un AVE y un Iryo con destino Sevilla en Urda, Toledo, cuyo balance oficial provisional es de 68 fallecidos.

La resolución, de seis páginas y a la que ha tenido acceso El Mundo, respondía a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. La entidad había solicitado la paralización a raíz de las conclusiones remitidas por el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) al presidente de Adif sobre la prevención y detección temprana de roturas de carril.

El organismo consideró que una suspensión general constituía una medida excepcional. Para adoptarla, argumentó, debía acreditarse un riesgo concreto, actual y generalizado para la circulación que no pudiera gestionarse adecuadamente por otros medios. Su conclusión fue que no concurrían esas circunstancias.

Como respaldo, la agencia invocó el informe de seguridad e interoperabilidad de 2026 de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Según la interpretación recogida en la resolución, la tasa española de víctimas en proporción al tráfico estaba por debajo de la media europea y era similar a la de los sistemas ferroviarios más avanzados.

Sobre las roturas de carril, la agencia sostuvo que la existencia de ese riesgo y la conveniencia de mejorar su detección no implicaban por sí solas que toda la red estuviera en peligro. La investigación abierta sobre Adamuz señala una rotura de carril como causa de aquel siniestro. Las causas del choque de Urda siguen por esclarecer.

La resolución también discrepó de la lectura que la asociación hacía de las conclusiones de la CIAF. Mientras los afectados entendían que la comisión había reclamado medidas inmediatas a Adif, la agencia precisó que se trataba de sugerencias y recomendaciones.

Ante las objeciones sobre el alcance y la frecuencia de las inspecciones de la red, el organismo respondió que corresponde a los administradores de infraestructuras fijarlos conforme a sus estrategias de mantenimiento y sistemas de seguridad. Añadió que la normativa europea no exige un sistema de alerta en tiempo real para detectar roturas de vía.

Para los viajeros, la respuesta administrativa distinguía entre seguridad y calidad del servicio. La agencia consideró que las vibraciones y los traqueteos denunciados por víctimas y sindicatos no indicaban problemas inmediatos de seguridad, sino molestias que afectaban al confort. También encuadró las incidencias y los retrasos en la calidad del servicio, salvo casos muy excepcionales.

Respecto a la videovigilancia en los trenes, la agencia señaló que tampoco era una exigencia europea y cuestionó su efecto preventivo directo, aunque admitió su utilidad para las investigaciones. La resolución añadió que ya habían comenzado a implantarse algunas de las medidas acordadas con las organizaciones sindicales en febrero.

Fuente: elmundo.es · leer el original