Thomas Markle afronta tres nuevos cargos en Filipinas por material de abuso sexual infantil
El padre de Meghan Markle suma estas acusaciones al procedimiento abierto en Estados Unidos, donde permanece en prisión sin fianza desde el 10 de noviembre. Markle había negado la denuncia inicial de su hijo.
Thomas Markle se enfrenta a tres nuevos cargos en Filipinas relacionados con material de abuso sexual infantil. Dos de ellos, presentados por la Policía Nacional de Filipinas, se refieren a ofrecer, distribuir, vender o exportar ese material; el tercero corresponde a su posesión. Las acusaciones se añaden al cargo por posesión que afronta en Estados Unidos.
La investigación filipina tiene su origen en la denuncia de su hijo, Thomas Markle Jr., que aseguró haber encontrado vídeos y fotografías en la residencia de su padre en Cebu. Tanto Thomas Markle como su hija Samantha negaron aquellas acusaciones.
El 29 de octubre, la policía filipina obtuvo autorización judicial para examinar los dispositivos que ya había incautado a Markle. El fiscal regional de Cebu explicó que el hijo del acusado había insistido en que se investigaran los hechos.
La vertiente estadounidense del caso desembocó en la detención de Markle el 6 de noviembre en la residencia de mayores Maravida Senior Living, en Florida. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los investigadores habían localizado material de abuso sexual infantil en dos trasteros de Los Ángeles alquilados a su nombre desde 2008.
Tras comparecer ante un juzgado de Tampa, quedó en libertad bajo fianza y en arresto domiciliario con un dispositivo de vigilancia electrónica. El juez le prohibió utilizar internet y mantener contacto con menores, además de limitar sus desplazamientos a la zona central de Florida y al distrito central de California.
El 10 de noviembre volvió a ser detenido tras intentar cortarse la pulsera electrónica y desde entonces permanece encarcelado sin fianza. El delito que se le imputa en Estados Unidos podría conllevar hasta 20 años de prisión federal si fuera declarado culpable.
La jueza Griffin ha solicitado pruebas físicas y mentales al apreciar motivos para evaluar si puede comprender el procedimiento y colaborar en su defensa. La magistrada debe recibir, como máximo el 20 de noviembre, sus antecedentes, la relación de síntomas, las pruebas psicológicas y psiquiátricas y las conclusiones de una psiquiatra independiente.
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