La inflación no debe ser una subida de impuestos encubierta
Anunciar aumentos salariales mientras se mantiene sin corregir la tarifa del IRPF permite exhibir la mejora y disimular parte de su coste. La protección del poder adquisitivo debe medirse después de impuestos.
Proteger el poder adquisitivo exige impedir que la inflación se convierta en una subida de impuestos sin anunciar. El Gobierno puede defender aumentos de salarios y prestaciones. Lo que no resulta coherente es presentar esas decisiones como protección de las rentas mientras mantiene intacto el mecanismo fiscal que puede recortarlas. Importa el sueldo que queda. No el anuncio.
El Gobierno ha anunciado una subida del salario mínimo del 5,3% y de las remuneraciones de los funcionarios del 4,5%, mientras el conjunto de las nóminas avanza un 3,1%. También prepara un incremento de las pensiones. Durante estos años, el Ejecutivo se ha negado a ajustar por la inflación la tarifa del IRPF. Esa combinación coloca en el centro del debate tanto las mejoras nominales de ingresos como su tratamiento tributario.
Una nómina más alta no equivale necesariamente a una mayor capacidad de compra. Si el aumento compensa el encarecimiento de la vida, gravarlo como si expresara una prosperidad adicional confunde euros con riqueza. Cuando los umbrales fiscales permanecen inmóviles, una subida nominal puede elevar la carga tributaria sin que el trabajador viva mejor. Hacienda cobra en euros. El ciudadano compra con ellos.
Corregir ese efecto no obliga a renunciar a la progresividad. Obliga a distinguir entre ganar más y cobrar más para poder adquirir lo mismo. Si el Gobierno quiere aumentar la aportación fiscal de determinadas rentas, debe defenderlo abiertamente. La inflación no debería hacerle el trabajo político. Recaudar por inercia también es una decisión.
Hay, además, una diferencia liberal fundamental entre conceder una mejora y abstenerse de absorberla mediante el impuesto. En el primer caso, el gobernante puede presentar el ingreso como fruto de su intervención. En el segundo, reconoce que una parte mayor del salario pertenece al trabajador. El dinero no nace en el Consejo de Ministros.
Nada de esto permite adjudicar automáticamente el voto de pensionistas, funcionarios o perceptores del salario mínimo. Una prestación no compra una conciencia. Convertir a sus beneficiarios en un bloque electoral cautivo reproduce precisamente la idea patrimonial del Estado que conviene combatir: que quien administra el presupuesto adquiere derechos sobre quienes cobran de él.
La discusión útil no consiste en contar supuestos votos agradecidos, sino en exigir reglas fiscales que no castiguen mejoras salariales meramente nominales. El poder adquisitivo se protege en la nómina neta. La propaganda se conforma con la bruta.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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