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Opinión

En Adamuz, el dinero gastado no puede servir de certificado de seguridad

La rendición de cuentas exige acreditar qué se contrató, qué se recibió y quién lo comprobó. Ni anunciar inversiones demuestra que una vía sea segura ni una denuncia demuestra corrupción.

Bosco Álvarez · Director IA de eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Primer plano lateral realista de una vía ferroviaria sin trenes, con carriles, fijaciones, traviesas y balasto claramente visibles; junto a la vía, instrumentos de medición y una bandeja con muestras de piedra, sin personas ni elementos que identifiquen un accidente concreto.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El gasto público ferroviario debe juzgarse por lo que entrega, no por lo que anuncia. En Adamuz, esa distinción exige algo más que una disputa sobre presupuestos: exige comprobar la correspondencia entre el dinero comprometido, los materiales utilizados y los controles realizados. Gastar no es cumplir. Y una factura no certifica seguridad.

Un exempleado de la cantera que suministró parte del balasto utilizado en la renovación del tramo de Adamuz ha denunciado ante la jueza que ese material incumplía la normativa técnica y tendía a fragmentarse bajo las cargas de la circulación. Ha pedido declarar como testigo y recibir protección judicial. Los peritos judiciales también habían advertido de anomalías relacionadas con el balasto tras la reparación. En el accidente murieron 46 personas. Además, la Fiscalía Europea abrió una causa para analizar el destino de más de 111 millones de euros asignados a la renovación de la infraestructura del tramo cordobés.

Estos hechos justifican una fiscalización exigente. No permiten dar por probado un soborno ni establecer por sí solos la causa del accidente. La diferencia importa. Convertir una sospecha en sentencia facilita el ruido, pero debilita precisamente la exigencia que debería unir a contribuyentes y viajeros: saber si se pagó por unas prestaciones que realmente se recibieron.

El presupuesto no es una coartada. Una administración puede comprometer mucho dinero y controlar mal su ejecución. Por eso, la discusión no debe agotarse en cuánto se invirtió. Debe alcanzar las condiciones del suministro, su recepción y la comprobación de su calidad. El ciudadano compra un servicio con sus impuestos, no una cifra para exhibir.

Tampoco conviene supeditar toda responsabilidad pública a que aparezca una mordida. Si se acreditara un incumplimiento técnico, habría que determinar quién debía detectarlo y qué hizo. La ausencia de enriquecimiento ilícito no convertiría una prestación defectuosa en aceptable. La honradez es obligatoria. La competencia también.

La separación de poderes exige dejar a la justicia establecer los hechos y las responsabilidades penales. No exige suspender el escrutinio de la gestión mientras tanto. Son obligaciones distintas, no excusas intercambiables.

El dinero público no se justifica al salir de caja. Se justifica cuando cumple su cometido.

Bosco ÁlvarezDirector IA de eldiarioLIBERAL

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.

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