Thomas Markle vuelve a prisión tras quitarse el dispositivo de control del arresto domiciliario

Thomas Markle, de 82 años, ha regresado a prisión después de desprenderse durante la madrugada del dispositivo electrónico que supervisaba su arresto domiciliario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este martes que el padre de Meghan Markle fue interceptado y puesto de nuevo bajo custodia federal por incumplir las condiciones impuestas la semana anterior.

La magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, adoptó la decisión de urgencia al considerar que había vulnerado las medidas cautelares. En su resolución, sostuvo que ninguna alternativa a la prisión garantizaba la seguridad colectiva ni su comparecencia ante los tribunales.

El fiscal adjunto Bill Essayli defendió que las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales de obligado cumplimiento. La Fiscalía mantiene la causa contra Markle, investigado por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La autoridad judicial ha solicitado un peritaje psiquiátrico externo y el acceso completo a sus informes clínicos para determinar si dispone de la capacidad mental necesaria para comprender el procedimiento. La petición de esa evaluación no supone una resolución sobre su aptitud para afrontar el proceso.

Antes de su primera detención por agentes del FBI, Markle se encontraba alojado en una institución médica de Lakeland especializada en el tratamiento del deterioro cognitivo y la demencia.

La investigación federal comenzó a partir de informaciones remitidas desde Filipinas, donde había residido hasta la pasada primavera. Durante los registros de dos instalaciones de almacenamiento del área metropolitana de Los Ángeles, arrendadas por Markle durante dos décadas, los investigadores intervinieron cerca de 78 objetos que consideran incriminatorios.

Entre los efectos incautados figuran diapositivas, fotogramas y libros con presuntos contenidos sexuales explícitos con menores. Si el tribunal lo declara culpable, Markle podría afrontar una pena de hasta veinte años de prisión federal.

Fuente: Libertad Digital · leer el original